Con la nueva ley de seguridad nacional que se aprobará en breve en el Senado se evitará que sigan muriendo niños, estudiantes y amas de casa en operativos contra la delincuencia organizada, advirtió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Fernando Castro Trenti.

El legislador del PRI expuso que así se dará al gobierno federal un instrumento capaz de hacer frente a la criminalidad, pero sin violentar las garantías de la población, que es la que finalmente está pagando los platos rotos en el esquema con que se combate la violencia y el narcotráfico.

Dijo que la falta de reglas en la participación del Ejército en tareas policiacas ha permitido realizar montajes para simular que los civiles víctimas de fuego cruzado estaban ligados con la delincuencia, como ocurrió con los dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey acribillados cuando militares perseguían a criminales.

No puede haber más equivocaciones que lleven a la muerte a inocentes ni considerarlos como daños colaterales, insistió.

El proyecto de dictamen de la ley de seguridad nacional fue revisado este fin de semana, ya que se discutirá este lunes por la tarde, durante una reunión de comisiones unidas, con miras a aprobarlo, para que se pueda votar en el pleno esa misma semana.

Castro Trenti explicó que la recién aprobada reforma constitucional en materia de derechos humanos asegura que se respeten las garantías individuales de los mexicanos, directriz que se sigue en la ley de seguridad nacional, donde se define un mecanismo para legalizar la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, de manera temporal y sujeta a una serie de condiciones.

Podrán intervenir el Ejército y la Armada con mayor legitimidad constitucional a una zona determinada, con controles, a solicitud del gobierno de la entidad federativa, del congreso local, y estamos evaluando la posibilidad de que cualquier integrante del Consejo Nacional de Seguridad pudiera solicitarlo, siempre y cuando quede sujeto a la opinión que deba emitir la Cámara de Senadores respecto de esta intervención, detalló.

Se emitirá, dijo, un decreto en cada caso, en el que se especificará el municipio o región en que habrá de intervenir el Ejército, la temporalidad, las bases y los alcances jurídicos, pero aquí la regla básica es que en ningún caso se suspenderán las garantías de los ciudadanos ni sus derechos humanos.

Detalló que en la legislación se señala que los militares en tareas de seguridad pública que vulneren derechos humanos de civiles serán juzgados en tribunales del fuero común. Debemos dar una gran fortaleza a las fuerzas armadas en las tareas del fuero militar, como son las específicas en casos de guerra, para que siga tutelado por el Código de Justicia Militar, no así en acciones de carácter policiaco.