Política
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Demanda congelada
 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de abril de 2010, p. 7

La demanda de una legislación que establezca de manera clara la participación militar en el combate al crimen organizado se realizó desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció que llevaría a cabo una guerra contra el narcotráfico, revelaron altos mandos de la Defensa Nacional y Marina, quienes señalaron también que estas actividades han provocado un gran desgaste físico en las tropas y mostrado su falta de entrenamiento en tareas que no les son propias.

Lo anterior fue señalado por mandos que solicitaron el anonimato, días después de que los integrantes del gabinete de seguridad, entre ellos los secretarios Guillermo Galván y Francisco Saynez, llamaron a los legisladores a aprobar reformas en materia de seguridad nacional para dar certidumbre a las acciones que las fuerzas armadas realizan contra el crimen organizado.

Las fuentes revelaron que Galván demandó desde el inicio del mandato del presidente Calderón, garantías para los soldados dentro de un marco legal que les garantice no ser juzgados por tribunales civiles, aunque en el Congreso se ha planteado esa posibilidad.

Comentaron que en caso de que no se modifique la legislación, los soldados y marinos que participan en los operativos corren el riesgo de que al terminar la actual administración quienes hayan estado involucrados en la muerte de civiles de forma accidental, por fuego cruzado o por excesivo uso de fuerza sean enjuiciados.

Recordaron que el responsable de las acciones de los subordinados son los comandantes, por lo que altos mandos de la Defensa y Marina correrían el riesgo de ser también llamados a juicio por no haber cumplido con su obligación de controlar al personal bajo su mando.

Generales y almirantes entrevistados reiteraron que es urgente que el Congreso defina cuáles son las formas en que deberán operar el Ejército y la Armada. Aceptaron que los soldados, por participar abierta y masivamente en operaciones de alto impacto, tienen mayores posibilidades de verse involucrados en hechos en los que se considere que hubo violación a los derechos humanos. En el caso de los marinos, han conseguido mantenerse al margen de acciones masivas y se han concentrado en operaciones llamadas quirúrgicas.