Mexicali, BC, 23 de marzo. La sindicatura y el órgano interno de control del ayuntamiento de Mexicali ya investigan las acciones y omisiones imputadas a ocho elementos de la dirección de seguridad pública municipal, entre ellos cinco agentes y tres subdirectores, implicados en la liberación del ex presidente del Congreso de Baja California, Víctor González Ortega, quien fue detenido en posesión de un arma de fuego y cocaína en un vehículo oficial.

Además, el alcalde Rodolfo Valdez anunció la renuncia de uno de los implicados: el subdirector operativo de la policía municipal, Luis Alberto Chan Salazar, quien estaba al frente de la corporación el 21 de febrero, cuando se suscitaron los hechos, cuya difusión –a partir del 19 de marzo en el portal YouTube– provocó la destitución de González Ortega como presidente de la Legislatura y su solicitud de licencia al Congreso estatal por motivos personales.

El munícipe aclaró que la renuncia no exime de responsabilidad a Chan Salazar, quien dio a conocer en entrevista que recibió una llamada del subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Mexicali para informarle que se iniciaría una investigación adicional a las abiertas por la sindicatura y el órgano interno de control municipales.

El ahora ex funcionario dijo que dimitió para contribuir a que las investigaciones sean imparciales y transparentes, sin especulaciones políticas, luego del escándalo suscitado por el video que tomó el policía Hugo López Ávalos con un teléfono celular, en el cual se observa al ahora ex legislador en estado de ebriedad y no sólo reconoce que traía un arma, sino la posesión de droga.

El síndico David de la Rosa explicó que se deslindarán responsabilidades de los policías y funcionarios que ya comenzaron a comparecer, pero el 19 de febrero fueron suspendidos 13 agentes de la dirección de seguridad pública municipal, entre ellos López Ávalos, por motivos distintos al caso del ex diputado.

El gobernador José Guadalupe Osuna Millán, confió en que los investigadores harán su trabajo con responsabilidad y reiteró: Se debe respetar y hacer valer la ley.

En el Congreso estatal, la diputada perredista Ana María Fuentes demandó anular la sesión extraordinaria del 20 de marzo porque se autorizó la licencia temporal a González Ortega, cuando la solicitud debió pasar a comisiones para proceder a un permiso definitivo e incluso al desafuero.

La legisladora dio a conocer que presentará una iniciativa para que todos los candidatos a cargos de elección popular se sometan a exámenes toxicológicos y quienes ganen en las elecciones repitan el estudio antes de tomar posesión, a fin de impedir sorpresas desagradables. De la misma forma, dijo, los ahora diputados deben realizarse la prueba.

Antonio Cano Jiménez, del Partido Nueva Alianza; Rubén Armenta, del Partido Acción Nacional y Alfredo Ferreiro, del Partido Encuentro Social, de registro local, plantearon modificar el título octavo de la Constitución estatal a fin de acotar el fuero de los servidores públicos, que se interpreta como privilegio y causa de impunidad.

Cano Jiménez anunció que su partido presentará una iniciativa orientada a facilitar la sanción de los servidores públicos que cometan delitos durante su encargo, para que no haya casos de excepción y sean procesados conforme a la legislación penal aplicable, sin que medien juicio de procedencia ni los posteriores juicios políticos.