La mayoría de las fuerzas políticas en el Senado trabajan en la posibilidad de legalizar, de manera temporal, la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, con un plazo de 18 meses para que los militares regresen a sus cuarteles. Esa opción es analizada con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván y los demás integrantes del gabinete de seguridad nacional, según reveló el perredista Graco Ramírez.

El senador del PRI, Fernando Baeza, el panista Ulises Ramírez y el coordinador de la fracción del Verde Ecologista, Arturo Escobar, confirmaron que se avanza en la construcción del acuerdo que permitirá dar respuesta a la demanda reiterada del titular de la Sedena para que se establezca el marco jurídico que dé sustento legal a las tareas de las fuerzas armadas contra la delincuencia y el crimen organizado.

Los legisladores coincidieron en señalar que la presencia del Ejército en las calles no puede ser permanente, ya que se le expone a un fuerte desgaste y a que organismos internacionales insistan en violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.

Cabildean ley de seguridad

La propuesta de establecer una fecha límite para que el Ejército deje las calles y reanude sus propias tareas, las que le confiere la Constitución, comenzó a analizarse a partir de que el general Galván redobló el cabildeo con las bancadas de PRI, PRD y PAN, con el propósito de que se aprobara la iniciativa presidencial para crear la Ley de Seguridad Nacional que Calderón mandó al Senado en abril de 2009.

Con excepción del PAN, los demás grupos parlamentarios rechazan aprobar esa ley en sus términos, ya que consideran que vulnera garantías individuales. Se retomó la iniciativa del perredista Tomás Torres, de establecer una temporalidad a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Torres sugirió un plazo de tres años, pero la bancada que encabeza Manlio Fabio Beltrones propuso reducirlo a 18 meses, y es la opción que se valora.

Al respecto, el senador Ramírez Garrido Abreu, detalló que la propuesta se discute con Galván Galván y los titulares de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, con miras a que tal acuerdo y la Ley de Seguridad Nacional puedan aprobarse en este periodo de sesiones.

La emergencia no puede convertirse en permanencia, necesitamos una solución que nos permita garantizar que el Ejército no tendrá que seguir haciéndose cargo del problema de inseguridad y violencia, como si la responsabilidad no fuera del gobierno federal.

El priísta Fernando Baeza, explicó que analizan la posibilidad de reformar los artículos 89, 129 y 139 constitucionales, ya que debe quedar muy bien delimitado lo que es seguridad interior, seguridad pública y seguridad nacional y todo lo referente a suspensión de garantías, toda vez que aun de manera temporal es necesario dejar claro el respeto a los derechos fundamentales.

Sobre el tema, el senador del PAN Ulises Ramírez consideró que el plazo de año y medio es razonable para que culmine la depuración de los cuerpos policiacos. Recordó que esta tarea debió iniciarse hace tres años, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de justicia.

A su juicio, el hecho de poder discutir un plazo para que el Ejército regrese a sus cuarteles es una ganancia importante.

Agregó que no está seguro de que 18 meses sea el límite correcto o más o menos, pero si estoy convencido que se debe acotar y restablecer el orden entre las policías estatales y municipales en cada entidad.

El ex subsecretario de Gobernación dijo que ha faltado un esfuerzo adicional de gobernadores y ayuntamientos para depurar sus corporaciones policiacas.