El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Francisco Ramírez, buscó deslindarse del recurso de revisión adhesiva que el área jurídica presentó para respaldar la decisión de un juez de negar el amparo solicitado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

En un oficio firmado desde el 11 de febrero, dirigido a la Junta de Coordinación Política y discutido apenas ayer, el panista sugirió a los coordinadores de las bancadas investigar qué autoridad de la Cámara ordenó presentar el recurso, con lo cual descargó la responsabilidad en el titular de la dirección de lo contencioso, Luigi Enrique Herrera, quien presentó dicho recurso.

Una vez recibido el oficio, los diputados llamaron ayer al funcionario a la reunión semanal de la Junta de Coordinación, en la que Herrera aseguró haber actuado de manera individual y a título personal para defender los intereses de la Cámara.

En la reunión de la Junta, revelaron diputados, el Partido Acción Nacional también pretendió desligar del recurso a Ramírez. El vicecoordinador de la bancada panista, Roberto Gil Zuarth, alegó que el presidente de la mesa directiva no está obligado a conocer todos los litigios que lleva la Cámara.

Sin embargo, se trata de un caso que la Cámara y el área jurídica –que depende del titular de la mesa directiva– han seguido desde el 30 de octubre pasado.

Al conocer la sentencia, que sobreseyó el caso y negó la protección de la justicia al SME, Luigi Enrique Herrera presentó el recurso para aportar elementos adicionales que reforzaran la decisión judicial.

El vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano, llevó el caso a esa instancia, al argumentar que Herrera no actuó en representación de la Cámara, sino del PAN, y específicamente de Francisco Ramírez.

Enrique Ibarra Pedroza, vicecoordinador del Partido del Trabajo, sostuvo que difícilmente puede creerse que el presidente de la mesa no supiera de la decisión del funcionario a su cargo.

Asimismo, ayer la Junta de Coordinación Política acordó que al inicio de la sesión se debata el punto de acuerdo con el cual se rechaza la presentación de una controversia constitucional en contra de las disposiciones administrativas de Petróleos Mexicanos que permiten los contratos incentivados con la iniciativa privada.

Ese órgano de dirección definió que los partidos podrán fijar una posición, y luego se abrirán oradores en favor y en contra. Consultado al respecto, Ibarra Pedroza lamentó que la discusión no tenga otro efecto que “dejar claro en el Diario de los debates qué posición asumió cada partido”, pues el plazo constitucional para recurrir ese reglamento venció la medianoche del jueves pasado.