La novena sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) canceló tres órdenes de aprehensión que estaban vigentes en el ámbito del fuero común contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, revelaron anoche fuentes jurídicas cercanas al litigio.

La resolución judicial determina que el supuesto fraude por 55 millones de dólares de un fideicomiso minero que se imputa al dirigente no se configura como delito, debido a que no se comprobó el manejo ilícito de esos recursos del gremio.

Sin embargo, subsisten en contra de Gómez Urrutia dos órdenes de aprehensión por delitos federales, una por presunto lavado de dinero y otra por violación a las leyes de instituciones de crédito, por lo que el dirigente aún no puede regresar a territorio mexicano, ya que sería detenido.

Dicha sala canceló órdenes de aprehensión de tres jueces penales con sede en los reclusorios Norte y Oriente, que las habían librado porque presuntamente el líder minero malversó 55 millones de dólares.

Hace varios años un grupo de trabajadores supuestamente ligados a la empresa Grupo México interpuso una demanda contra Gómez Urrutia. Los inconformes reclamaron parte del dinero y señalaron que éste había sido defraudado por el dirigente.

La resolución emitida por la novena sala penal señala que no hay elementos para configurar un delito en dicha demanda y que los recursos no corresponden a los trabajadores que los exigen, sino a otros que laboraron en varias empresas del sector.

Napoleón Gómez Urrutia todavía deberá esperar en Canadá a que sus abogados demuestren que el dinero de este fideicomiso no fue utilizados para cuestiones personales y que tampoco cometió engaño alguno contra el sistema financiero mexicano para hacer uso de estos recursos.

Los juicios pendientes en el ámbito federal tardarán al menos un año más, en el cual Gómez Urrutia podría utilizar el fallo del TSJDF como prueba en su favor para obtener un amparo definitivo de la justicia federal.