Por considerar que en este momento en el país se vive una situación de excepción en materia de seguridad pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no debe hacer público el número y tipo de armamento que vende a los municipios, y sólo dar a conocer las cantidades que adquieren los estados.

Sin embargo, ordenó a la dependencia dar a conocer el número y tipo de armas adquiridas de 2006 a la fecha y el monto total de lo erogado, sin mayores detalles para evitar que sea revelada información sensible.

En la sesión ordinaria, Sigrid Artz Colunga, comisionada que ha ocupado cargos en el área de seguridad nacional, se opuso a publicitar cualquier información relacionada con el armamento de las fuerzas policiales del país, porque les causaría un daño presente y limitaría la capacidad de las autoridades locales para evitar la comisión de delitos, toda vez que quedarían en estado de vulnerabilidad ante los grupos criminales, que conocerían su capacidad de fuego.

Al sustentar su negativa –que leyó y le valió de la comisionada presidenta y ponente Jaqueline Peschard el señalamiento de reflexiones pertinentes y bien elaboradas– refirió que 11 legislaciones estatales en materia de clasificación de información permiten la reserva por cuestiones de seguridad pública, y agregó que entidades como Nuevo León y Tabasco, entre otras, contemplan responsabilidad administrativa para quien entregue información clasificada como confidencial.

Al término de su exposición pidió que se incluyera en la resolución del organismo de transparencia que de manera explícita las autoridades de comunicación social han hecho violatoria una cosa que se contempla en las legislaciones estatales, como es que al publicitar información incurren en violaciones a la ley en la materia. Al no prosperar entre el resto de los comisionados su propuesta, más tarde afirmó que se trató de un exceso.

Los demás comisionados votaron a favor del proyecto presentado por Peschard Mariscal.

Por otra parte, el IFAI ordenó a la Presidencia entregar una relación de los medicamentos que haya adquirido en lo que va de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, sin importar si fueron o no prescritos para él. En su respuesta a un peticionario, la Presidencia había manifestado que la información solicitada era confidencial e inexistente, debido a que el mandatario es derechohabiente del Centro Hospitalario del Estado Mayor, que tiene la atribución de tomar las medidas necesarias para garantizar la salud y bienestar físico de sus derechohabientes, además de coordinar el apoyo médico para las actividades presidenciales.