El dictamen sobre la nueva ley de asociaciones público-privadas, propuesta por el presidente Felipe Calderón, fue retirado ayer del pleno, donde estaba inscrito en primera lectura, porque no tenía las firmas suficientes. Es un albazo legislativo, ya que PRI y PAN han actuado en lo oscurito para sacar esa reforma que pretende concesionar todo a particulares, advirtió el senador perredista Pablo Gómez Álvarez.

¡Es un escándalo!, dijo, y deploró que las comisiones no se hayan reunido para deliberar y analizar un proyecto enviado hace menos de un mes al Senado por Felipe Calderón, que tiene la intención de posibilitar que la iniciativa privada haga los grandes negocios con los servicios públicos.

Pablo Gómez recalcó que la pretensión es entregar la generación de electricidad y la construcción y manejo de cárceles a particulares nacionales y extranjeros. Hasta la Policía Federal podría ser dirigida por un empresario como negocio privado. Hasta ese extremo es lo que permitiría aprobar a Calderón su ley de asociaciones público-privadas.

Insistió: además de dar paso a los grandes negocios de la iniciativa privada en el sector público, la reforma es violatoria de varios puntos de la Constitución y de las leyes de Adquisiciones y de Obras.

Por ello, dijo, los senadores del PRD que integran las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y de Estudios Legislativos no han firmado el dictamen que ayer se intentó dejar en primera lectura.

Fue retirado de la sesión de ayer, aunque estaba en la Gaceta Parlamentaria, porque no tenía las firmas necesarias, como ocurrió con otros dictámenes. Seguramente algunos legisladores del PRI y del PAN no están del todo convencidos y por ello no firmaron, resaltó.

Al respecto, el también perredista Jesús Garibay denunció que priístas y panistas están actuando como verdaderos delincuentes, ya que elaboraron el dictamen y lo pretenden aprobar, sin discutirlo, en comisiones.

Detalló que además de facilitar la firma de contratos entre dependencias del gobierno federal y de los gobiernos locales y municipales con empresas nacionales y extranjeras para que puedan prestar todo tipo de obras y servicios públicos, al más puro estilo de Diego Fernández de Cevallos, intentan borrar toda huella.

Se refirió al artículo 121 de la ley de asociaciones público-privadas, el cual establece que dependencias, entidades y empresarios conservarán toda su documentación e información electrónica de los actos y contratos signados, durante su vigencia y por un plazo adicional de 12 años, contados a partir del vencimiento de los mismos. Transcurrido ese lapso podrán destruir la información. Pretenden borrar todo, por eso digo que actúan como delincuentes.

Ambos legisladores señalaron que si los presidentes de las tres comisiones, Eloy Cantú, del PRI, y José Isabel Trejo y Alejandro Zapata Perogordo logran reunir la mayoría de firmas, el dictamen podría aprobarse este jueves.