La empresa energética Iberdrola –de capital español– negó tener interés en explotar el área de trabajo de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y descartó ser enemiga del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Eduardo Andrade, director ejecutivo de la compañía para América Latina, aseguró que no existe favoritismo gubernamental hacia Iberdrola, como señaló el SME. Exhortó a los electricistas a denunciar ante las autoridades competentes a su empresa en caso de tener pruebas de que ha incurrido en actos de corrupción.

¿Para qué perder fuerza en pelearse con alguien que no es el enemigo?, expresó al participar en el seminario El impacto de la extinción de LFC en el servicio público de electricidad y en la vida nacional, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Subrayó que no es de interés para la compañía la explotación ni comercialización de energía en el centro del país, zona de operación de LFC. No la hemos querido, no la queremos ahora ni la querremos en el futuro.

Indicó que la región no debe ser un botín para las empresas, sino zona de oportunidad para México, pues en el futuro se competirá –además de la generación de energía eléctrica– en gas natural y fibra óptica, entre otros rubros.

Aseguró que ningún representante gubernamental nos consultó sobre el tema (explotación del área energética). Y si lo hubieran hecho hubiéramos dicho que no nos interesa: primero, porque no es constitucional, y en caso de que lo fuera, no es nuestro objetivo.

Lamentó la pérdida de la fuente de trabajo de más de 44 mil agremiados al SME. No obstante, sostuvo que no compete a la iniciativa privada dar una opinión en torno al decreto presidencial que determinó la liquidación de LFC.

Frente a decenas de universitarios y trabajadores del SME que asistieron al seminario, mencionó que, independientemente de cómo concluya el conflicto, deben resolverse dos problemáticas en el servicio eléctrico de la zona centro.

Uno es la no prevalencia del estado de derecho, debido a la inmensa cantidad de diablitos, medidores ilegales y otras argucias para el robo de energía, situación que, aseveró, corresponde atender a las autoridades, y no a los trabajadores.

El otro problema es la falta de inversión económica en la región. Si se deja de invertir en el servicio público de energía, el instrumental y equipo se hacen viejos, al punto de que llegan a no ser reparables y funcionan de milagro.

A su vez, el ex diputado federal Antonio Almazán, integrante del SME, aseguró que en este conflicto el gobierno federal tiene perdida la batalla jurídica y va a perder la política.

Anunció que este jueves el SME presentará dos documentos reservados por el gobierno federal en los que se revelará las inconsistencias del decreto de extinción de LFC.