n el contexto de la celebración del 185 aniversario de la entidad de fiscalización superior de la Federación, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, dijo que los mecanismos de control sobre los recursos públicos deben extenderse a cualquier órgano que los reciba, ya sean entidades políticas, académicas o económicas; ratificó su compromiso con la transparencia y con el combate a la corrupción, porque nada he ocultado, ni tengo que ocultar, y a continuación se pronunció por que los partidos sean los órganos más fiscalizados en el país, pues tienen la obligación, primero, quizá, que otras instancias, de rendir cuenta puntual de los recursos públicos que utilizan.

La declaración presidencial levantó ámpula en el seno del Instituto Federal Electoral (IFE). El consejero Marco Antonio Baños Martínez puntualizó ayer mismo que el sistema de fiscalización que aplica el IFE a los partidos es exhaustivo, además de que cuenta con acuerdos orientados a evitar el empleo de recursos ilícitos; indicó que los institutos políticos son sometidos a un trabajo muy intenso de revisión de sus ingresos y gastos, y señaló que Calderón desconoce cierta información respecto del esquema de fiscalización que se realiza.

En primer lugar, el reciente celo manifestado por Calderón por la transparencia en el manejo de los recursos públicos resulta poco verosímil, pues sus llamados a fiscalizar a los partidos no se han hecho extensivos a otros ámbitos, como el del sindicalismo charro y corrupto cercano al poder, el cual ha protagonizado episodios de desvío de fondos públicos hacia sus líderes o bien hacia organizaciones políticas, como ocurrió con el Pemexgate.

Significativamente, el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, manifestó ayer mismo, al ser cuestionado sobre la pertinencia de fiscalizar a los sindicatos, que esto debería estudiarse caso por caso, declaración que pudiera interpretarse como una advertencia de que tales mecanismos serían aplicados de manera selectiva, en función de la política de alianzas del gobierno federal.

Por lo demás, y sin soslayar el hecho de que actualmente existe un amplio descontento ciudadano hacia los partidos en general, así como una extendida desconfianza hacia los órganos electorales, como el IFE –derivada en buena medida del desaseo que prevaleció durante los comicios presidenciales de 2006, en los que Calderón resultó formalmente electo–, llama la atención que el político michoacano incurra en un despropósito tal como insinuar que los partidos no son objeto de fiscalización, cuando sí lo son, y que se involucre, con ello, en un roce declarativo, innecesario y completamente estéril, con el propio IFE.

En suma, un flaco favor hace el jefe del Ejecutivo federal a su imagen al mostrarse ante la sociedad como un gobernante propenso a enfrascarse en confrontaciones declarativas, ya sea con representantes de la iniciativa privada, como ocurrió recientemente durante la discusión del paquete económico para el año entrante, o bien con organismos autónomos, como el IFE. Tales exabruptos contribuyen a enrarecer todavía más el ambiente político nacional y exhiben el debilitamiento que acusa la figura presidencial –deficitaria de legitimidad desde su origen y cuestionada por su pobre desempeño en prácticamente todos los ámbitos del quehacer gubernamental– ante el conjunto de sus interlocutores y de la población.