El ministro José Ramón Cossío Díaz fue designado ayer para conocer la controversia constitucional que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC). En tanto, afuera del máximo tribunal centenares de electricistas demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ponga orden y termine con la violación a los derechos y garantías individuales de 44 mil trabajadores que fueron despedidos ilegalmente.

Cossío Díaz determinará en las próximas horas si da entrada al recurso que presentaron los asambleístas el pasado viernes, en el que demandan que el pleno anule el decreto de extinción de LFC, y que obligue al gobierno federal a respetar el principio de división de poderes, ya que el presidente Felipe Calderón, con su decreto, invadió la esfera de influencia del Congreso.

El dirigente nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, y centenares de sus compañeros, realizaron un mitin ante la sede de la Suprema Corte, donde entregaron un escrito en la oficialía de partes en el que solicitan la creación de una comisión que investigue el decreto de extinción de Luz y Fuerza.

No puede ser que un decreto deje en la calle a 44 mil trabajadores

El SME plantea que los ministros investiguen los hechos y actos administrativos ejecutados desde el 10 de octubre pasado por las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Seguridad Pública federal (SSP), así como por el Presidente de la República, que derivaron en la violación grave de garantías de los electricistas, quienes de la noche a la mañana quedaron sin empleo.

“La SCJN tiene que resolver y poner orden en materia constitucional, no puede permitir que con un decreto de un día para otro el gobierno reprima un sindicato que está al servicio del Estado… y que los despidos hayan sido sin derecho de audiencia ni notificación previa”, dijo Esparza Flores en entrevista, en la que exhortó a los ministros a ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, que le ha permitido al pleno investigar casos como Aguas Blancas, San Salvador Atenco y Oaxaca.

La Corte tiene la obligación de revisar y decir que el decreto es inconstitucional; apelamos a que los ministros resuelvan la restitución del orden constitucional por el bien de todos y para mantener la paz en el país.

Lo que sigue es que alguno de los ministros haga suya la petición y la presente ante el pleno de la Suprema Corte.  

Las violaciones descritas en la carta de los electricistas son: la negativa de las autoridades laborales de otorgar la toma de nota de la dirigencia del SME, que tuvo como finalidad dejar al sindicato sin representación ante el inminente, y conocido por las autoridades, decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

También señalan el desalojo ilegal de los trabajadores y la toma de instalaciones de la compañía el 10 de octubre pasado, siendo que en dicho momento no existía acto administrativo alguno en vigor que permitiera esas acciones contra trabajadores del SME, sus fuentes de trabajo y sus pertenencias personales.

Añaden en el listado de irregularidades la terminación ilegal de la relación colectiva de trabajo entre LFC y el SME, mediante un decreto de extinción de la paraestatal, sin que mediara o se agotara previamente el procedimiento laboral previsto en la ley, así como las medidas discriminatorias entre trabajadores de Luz y Fuerza, al otorgar un trato preferencial a aquellos que opten por la liquidación.

Mencionan asimismo que el gobierno federal utilizó el falaz argumento público de improductividad del sindicato promovente, siendo que los convenios de productividad celebrados con autoridades federales se habían cumplido a cabalidad.

Los electricistas arribaron a la SCJN a las 10:30 horas; Esparza llegó al mediodía entre gritos de ¡no estás solo! y ¡aquí se ve, la fuerza del SME!

A pesar de que los manifestantes prácticamente cubrieron el tramo de avenida Pino Suárez en que se encuentra la entrada principal del máximo tribunal, ésta vez las enormes puertas de la SCJN se mantuvieron abiertas. Un discreto operativo de seguridad, con algunos elementos de la Policía Federal y cercas de metal, bastó para evitar cualquier incidente.

Atención telefónica de Navarrete

El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, llegó al Senado de la República junto con una comisión, pero únicamente logró comunicarse vía telefónica con el presidente de esa cámara, el perredista Carlos Navarrete Ruiz, quien decidió no recibirlo personalmente.

Al término de la conversación vía teléfono celular, que duró breves minutos, Esparza destacó que el coordinador de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática y presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, le manifestó que hay resistencia del senador priísta Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía, y también del legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Rubén Camarillo, secretario de esa comisión, pues nos les interesa tratar el tema de que el Ejecutivo federal ha violado la Constitución con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.

A su llegada al recinto de la calle Xicoténcatl, Esparza Flores dijo: Venimos a que el Senado de la República nos dé respuesta. Parece que están más interesados en cobrarles mayores impuestos a los mexicanos que en resolver los problemas importantes del país. Queremos que nos den respuesta y conocer el documento que el Senado envió al Poder Judicial, y queremos saber si ellos justifican la desaparición de la empresa y que se haya despedido a 44 mil trabajadores.