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Proponen que un juez se encargue de vigilar las garantías de reos y celadores

Instan a promover el respeto a los derechos humanos en las cárceles del país
 
Periódico La Jornada
Martes 27 de octubre de 2009, p. 16

Es indispensable promover el respeto a los derechos humanos en las prisiones del país y para ello se debe crear la figura de un juez de vigilancia penitenciaria que vele por esas garantías, señaló Nimrod Mihael Champo Sánchez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los reclusos también son ciudadanos, sostuvo.

Al participar en el seminario El derecho penitenciario en el mundo actual visto desde México, el académico agregó que, de entrar en funciones, esta figura contribuiría a solucionar conflictos que aquejan tanto a internos como a personal penitenciario, y sería un especialista en áreas como sicología, antropología y asistencia social.

Este individuo serviría como mecanismo de control jurisdiccional de la actividad penitenciaria y tendría la facultad de controlar la legalidad de las decisiones de la autoridad cuando no se encuentren contenidas en la sentencia, apuntó el especialista en el aula magna Jacinto Pallares.

Sus funciones, explicó, se concentrarían en la etapa de aplicación de la sentencia, con la consideración de que el objetivo del proceso penal es conseguir la reinserción del sentenciado a la sociedad. No se trata de crear un juez enemigo del sistema penitenciario, sino coordinado con éste para asegurar el pleno respeto a los derechos.

Champo Sánchez agregó que en el caso de la libertad condicional, el juez deberá tomar las medidas pertinentes para lograr la reinserción del recluso. El catedrático señaló que el sistema penitenciario no funciona correctamente en el país porque existen graves problemas dentro de las instituciones carcelarias –superpoblación, violencia, corrupción, tráfico y consumo de drogas.

Al respecto, Luis Rodríguez Manzanera, también académico de la Facultad de Derecho, subrayó que la sobrepoblación penitenciaria en México impide la readaptación social y este fenómeno es consecuencia de la incapacidad del Estado para hacer frente a este problema.

Por ello, la solución debe enfocarse a la prevención, antes que a la represión. Es preciso limpiar el Código Penal para erradicar la idea de que todo se puede resolver mediante la fuerza.