El PRI en la Cámara de Diputados definió que la decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC) es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y, por tanto, debe asumir las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación que, acusó, se inscribe en una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado. Rechazó que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sea el causante de los problemas fundamentales de la empresa.

Por la mañana, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida Ochoa, respaldó, a título personal, la liquidación de LFC, pues ya no había de otra. Según el ex secretario de Energía sale más barata su desaparición que continuar subsidiándola con 40 mil millones de pesos.

Los contrastes en esas posturas se enmarcaron, además, en el silencio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a diferencia de las dirigencias de PRD y PAN, que sí fijaron una posición institucional.

Anoche, al leer un pronunciamiento en sus oficinas en la Cámara, el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas Gutiérrez, resaltó que en las difíciles circunstancias en las que Felipe Calderón expidió el decreto de extinción de LFC, se requiere evitar conflictos sociales y el uso de la fuerza pública, por lo cual se debe recurrir a medidas prudentes; la confrontación y la fuerza sólo pueden conducir a mayores problemas sociales.

Sostuvo que existe preocupación social por la recurrencia del gobierno de Calderón a una política antisindicalista contra sus presuntos adversarios y permisividad a sus aliados, así como de su persistencia en sus afanes privatizadores respecto de las empresas públicas de la energía.

Por el contrario del discurso oficial, que responsabiliza a los trabajadores de las pérdidas en LFC, Rojas expuso que algunos problemas de la empresa fueron generados por el gobierno, al diferir la inversión pública en su modernización.

Así, señaló, el atraso en tecnología y la obsolescencia de los equipos son resultado de esa limitante de inversión que privilegia los subsidios a los industriales a costa de los aumentos desproporcionados en las tarifas de consumo doméstico, con un efecto negativo en los niveles de vida de las mayorías.

Exigió que el gobierno aclare la realidad de la productividad de la empresa, costos, precios, subsidios, tipos de generación, energías alternativas, y transparente sus esquemas de formación de precios, en virtud de que las tarifas de venta de Luz y Fuerza, incluyendo los subsidios, son establecidos discrecionalmente y con criterios recaudatorios por la Secretaría de Hacienda.

Expuso que no se puede atribuir al sindicato ser el causante de los problemas fundamentales que enfrenta Luz y Fuerza, ni se puede reducir el problema de la empresa y su sindicato a las transferencias fiscales, como se enuncia en el decreto.

Aseguró que la diputación priísta pugnará por modernizar y hacer más eficientes las empresas públicas, sin que ello signifique estrategias deliberadas para su desprestigio y eventual privatización. Modernización sin privatización.