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Aprehenden a ejidatarios en el Edomex
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de octubre de 2009, p. 32

Toluca, Méx., 7 de octubre. Policías locales detuvieron a tres ejidatarios de la comunidad de San Carlos Autopan, perteneciente a esta capital, quienes demandan a la administración estatal cumplir una minuta que firmó hace tres años, en la cual se comprometió a dotar de agua potable al poblado. A los comuneros se les acusa de ataques a las vías de comunicación y obstrucción de obra pública.

La tarde del martes, pobladores de Autopan se dirigieron al libramiento nororiente de Toluca, donde advirtieron a las autoridades que no permitirán que continúe la ampliación de esa carretera hasta que la administración del priísta Enrique Peña Nieto cumpla con dicho compromiso.

Los trabajadores de la constructora Carso, encargados de la edificación, operación y mantenimiento del libramiento, suspendieron las obras ante la amenaza de los lugareños, pero en media hora llegaron policías estatales y sometieron a tres de los ejidatarios.

Se trata de Romualdo González Silva, de 62 años de edad, representante del comité de afectaciones del libramiento nororiente de Toluca; Crescencio Castillo Hernández, de 59 años, subdelegado municipal de la comunidad, y Vicente Francisco González Esquivel, de 65 años.

Los tres fueron remitidos a la Procuraduría de Justicia del estado, donde se les inició una averiguación previa.

Los comuneros rindieron declaración durante la madrugada de este miércoles y exhibieron copia de la minuta donde el gobierno estatal se compromete a introducir la red hidráulica en San Carlos Autopan para que unas 600 familias tengan agua potable.

Promesas incumplidas

Hace tres años, habitantes de Autopan se opusieron a la construcción del libramiento nororiente de Toluca y, tras una larga negociación, el gobierno los convenció de vender parte de sus tierras para edificar la vialidad, a cambio de diversas obras y servicios para la comunidad, entre ellos agua potable.

Los ejidatarios señalan que la administración estatal no ha cumplido el documento firmado en junio de 2007 por el entonces subsecretario de gobierno del Valle de Toluca, Erick Sevilla, para introducir en un año la red de agua potable para 600 familias.

En las próximas horas se definirá si la procuraduría estatal consigna la averiguación o libera a los comuneros.