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El PRI interpuso una corrección que le permitió reducir la sanción de 46.5 a 2.3 millones

Multa el IFE al PAN con $17.5 millones por irregularidades en el gasto de 2008
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Los consejeros Alfredo Figueroa, Virgilio Andrade y Arturo Sánchez durante la sesión del IFEFoto Guillermo Sologuren
 
Periódico La Jornada
Martes 29 de septiembre de 2009, p. 7

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó sancionar por un monto global de 57.5 millones de pesos a los ocho partidos que participaron en la elección pasada por sus irregularidades en sus gastos ordinarios de 2008.

Acción Nacional, con 17.5 millones de pesos, y el Partido del Trabajo (PT), con 16.7 millones, fueron los institutos que ameritaron las sanciones más elevadas por las irregularidades cometidas.

Durante la discusión de los dictámenes, los representantes partidistas cuestionaron los criterios aplicables por el IFE para sancionarlos y censuraron evidentes errores de cálculo en el caso del PRI, que implicaron aclaraciones por un monto de 44 millones a la baja en la sanción. Sin embargo, los consejeros cerraron filas para apuntalar los dictámenes de la Unidad de Fiscalización, en su primera incursión en el nuevo carácter que le confiere la reforma electoral.

En su momento, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, defendió el proceso de fiscalización del instituto y reivindicó el monto de las sanciones que serían posteriormente aprobadas. Consideró que la fiscalización, además de representar la piedra angular para el fortalecimiento de nuestra autonomía y del sistema de partidos políticos, constituye el instrumento más acabado para garantizar mayor equidad en la competencia electoral.

El Consejo General aprobó también multar con 548 mil pesos al PAN, en un acatamiento de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los motivos: utilizar los espacios para espots de la campaña federal para difundir anuncios de su candidato a gobernador, omitiendo sustituirlos incluso cuando hubo un acuerdo expreso del IFE para que lo hiciera en su momento.

En el caso de la sanción por 17.5 millones al PAN, el instituto acordó dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Secretaría de Hacienda, por irregularidades que les compete indagar. En cuanto al PT, se desprendieron cuatro procedimientos oficiosos a partir de las violaciones detectadas.

Al PRD le aplicaron multas que en conjunto sumaron 11.8 millones de pesos, y se decidió dar vista a Hacienda, el Infonavit, la Comisión Nacional del Fondo de Ahorro para el Retiro y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, además de que se le abrieron cuatro procedimientos oficiosos.

Al extinto Partido Social Demócrata se le impondrá una multa de 6.6 millones de pesos, que eventualmente serían descontados de las prerrogativas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó restituirle.

Las restantes multas fueron: 2.3 millones de pesos al PRI, 692 mil al PVEM, 690 mil a Nueva Alianza y 26 mil 873 pesos a Convergencia.

El representante del PRD, Pablo Gómez, deploró las diferencias en la aplicación de montos de las sanciones en función de los partidos infractores, sin que haya criterios homogéneos en el cálculo de las multas.

La representante del PAN, Dora Alicia Martínez, insistió en la falta de uniformidad en los criterios para sancionar del IFE, y demandó que se elabore un catálogo de las multas, que ofrezca certeza a los partidos sobre el monto aplicado en función de las irregularidades cometidas.

Rafael Hernández, también representante del PRD, criticó errores ostensibles en el proceso de elaboración de los dictámenes, citando el caso del PRI, al que en el proyecto original se le había considerado una multa de 46.5 millones de pesos, pero en un alcance distribuido posteriormente registró una corrección que modificó la sanción, para dejarla sólo en 2.3 millones, por lo que cuestionó que hubiera erratas de 44 millones de pesos.

El consejero Alfredo Figueroa precisó que en esta ocasión se utilizó por primera vez el nuevo esquema de fiscalización. Sin embargo, reconoció la necesidad de buscar mecanismos que permitan dar mayor certeza al procedimiento a todos los actores involucrados.