a decisión adoptada ayer por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio por buenas las elecciones delegacionales realizadas el pasado 5 de julio en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, y anula el fallo del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) que había ordenado realizar comicios extraordinarios en ambas demarcaciones. De esa manera, los respectivos contenciosos poselectorales llegan a una definición que, en lo jurídico, es definitiva e inapelable, pero conlleva consecuencias desastrosas para el de por sí cuestionado y desacreditado sistema electoral del país.

Como se recordará, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) documentó, en su momento, que los candidatos panistas a las jefaturas delegacionales de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, Carlos Orvañanos y Demetrio Sodi, habían rebasado los límites legales de gasto en publicidad, por poco más de 240 mil pesos el primero y por más de 800 mil, el segundo, y el TEDF decidió sancionar esas irregularidades. Ayer, arbitrariamente, el máximo tribunal electoral del país decidió que los excesos referidos no fueron acreditados, con lo que ignoró documentos fundamentados y serios como los realizados por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF. De esa forma, el TEPJF propinó un severo golpe a su propia credibilidad –ya severamente erosionada– y, por extensión, al conjunto de la institucionalidad electoral.

La instancia judicial envió, por añadidura, un deplorable mensaje inequívoco a los actores políticos del país –que las infracciones a la legislación electoral son tolerables–, en nada contribuye a restaurar la confianza en un andamiaje democrático cada vez más distorsionado.

El fallo de ayer remite, en forma inevitable, a los formulados en 2006, por medio de los cuales el mismo TEPJF se negó a esclarecer las dudas en torno a la elección presidencial de aquel año mediante un recuento de la totalidad de los sufragios y, posteriormente, declaró presidente electo a Felipe Calderón, pese a que la intromisión de su antecesor, Vicente Fox, puso en riesgo la validez de la elección y a que hubo una indebida intromisión de terceros (como el Consejo Coordinador Empresarial, CEE) en el proceso electoral, en palabras de la propia resolución dada a conocer el 6 de septiembre. Con ese fallo desatinado e incongruente, el TEPJF socavó su propia autoridad y la de los otros organismos electorales, negó verosimilitud a aquella elección presidencial y condenó a la actual administración a padecer en forma permanente, e irremediable, un severo déficit de legitimidad que explica en parte la incapacidad del gobierno calderonista para incidir de manera positiva en los principales problemas nacionales. El corolario era inocultable: hay permisividad ante las transgresiones a la ley, siempre y cuando no sean demasiado graves.

En un entorno electoral en el que proliferan las trapacerías de partidos y candidatos, los dictámenes referidos –los de hace tres años y el de ayer–, lejos de introducir factores de legalidad y civilidad en los procesos comiciales, abonan el terreno para la proliferación de chanchullos, propician el colapso del sistema electoral y contribuyen a ahondar la crisis política y de representatividad en la que se encuentra el país. Por esas razones, la determinación adoptada ayer por la sala regional del TEPJF resulta desmoralizadora y exasperante.