San Salvador Atenco, Méx., 8 de septiembre. Una amplia red de organizaciones de derechos humanos de Chihuahua se moviliza para pedir con urgencia al Senado que en nombre de la ética y la congruencia no ratifique el nombramiento que propuso el presidente Felipe Calderón de Arturo Chávez Chávez como procurador General de la República, anunció ayer Malú García Andrade, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez.

Como procurador de justicia estatal en el periodo de gobierno de Francisco Barrio, cuando se multiplicaron los casos de violentos asesinatos seriales contra mujeres en Ciudad Juárez, Chávez se distinguió por su negligencia, por amenazar a las familias de las víctimas y por su actitud misógina.

El nombramiento como procurador general de un funcionario que nunca reconoció la realidad del feminicidio en su estado y bajo su jurisdicción, añadió García Andrade, sería un pésimo mensaje en dos sentidos: por un lado dará luz verde a la continuidad de los homicidios y la impunidad. Por el otro, será entendida por quienes aspiran a cargos públicos que la ineficiencia es lo que se premia en esta administración.

Fue Chávez quien como procurador estatal, al confrontar a las madres de las jóvenes que eran secuestradas y asesinadas a un ritmo vertiginoso a finales de los años noventa, les recomendó como solución que no dejaran salir a sus hijas con minifaldas a la calle. Estas expresiones le valieron una amonestación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en una recomendación de mayo de 1998, calificó esas expresiones discriminatorias como violaciones a la integridad emocional y mental de los familiares de las víctimas y de la sociedad.

Por otra parte, Malú García Andrade –hermana de Lilia Alejandra, una chica de 17 años asesinada– alertó que hoy en día, a 10 años de distancia de la controvertida actuación del ex procurador, las amenazas en contra de las organizaciones de mujeres víctimas de feminicidio se han intensificado. Relató asaltos a mano armada sufridos por Maricela Ortiz, presidenta de la organización; allanamientos y robo de documentación de las oficinas, e incluso una llamada telefónica amenazante que le fue hecha a Ortiz mientras recibía en la ciudad fronteriza la visita de la comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos.