a manera en que se ha gestionado esta crisis económica ha generado mucho ruido y muy pocas señales de efectividad. La recesión prosigue. Y desde su misma concepción en el gobierno se advierten discrepancias: una cosa dice el presidente, otra el secretario de Hacienda que, a su vez, no coincide con el gobernador del banco central. La distancia con la sociedad es cada vez más grande.
Las medidas que se aplican para contrarrestar la crisis no han sido eficaces, en cambio, se enfrentan cada vez más restricciones para la acción de las políticas públicas. La situación actual es ya la de una fuerte restricción fiscal que se agravará en los meses siguientes. A eso hay que sumar la falta de claridad de los funcionarios encargados de gobernar y no sólo desde el área económica.
La economía mexicana es la más golpeada de América Latina por la crisis global. A nadie debería extrañarle. No obstante, desde el gobierno y entre los expertos y los defensores más ortodoxos de las prácticas seguidas ya por demasiado tiempo, no se reconoce que ha habido grandes errores de política económica. Y muy poca capacidad de reacción.
Algunos sostienen que los principios de dicha política son válidos pero que no hubo el sustento necesario, como son las diversas reformas que las hicieran efectivas para promover un mayor crecimiento. Pero esa es una visión muy restrictiva del carácter de las políticas públicas y de la concepción de las particularidades de un orden social.
Las políticas públicas sólo pueden verse de manera integral. No se puede aplicar un principio teórico sin contar con un análisis certero de las limitaciones institucionales, sean ellas políticas u organizativas, que lo rodean.
En esto hubo grandes limitaciones, lo que hace que la gestión de la política económica termine siendo una imposición ideológica cimentada en formulaciones de libros de texto y visiones surgidas de oficinas, en lugares como el Washington del Consenso de los años 1990. Pero todo esto, desde las mismas teorías económicas hasta las recetas de su aplicación, está hoy en entredicho.
Esos libros y las fórmulas planteadas por el citado Consenso están rebasados. No reconocerlo así en un país como México es un grave error y, por cierto muy costoso. Pero ahí están los hechos que no pueden soslayarse.
En los últimos 25 años el crecimiento del producto ha sido demasiado bajo para las necesidades de esta sociedad; las crisis han sido recurrentes, ya sea que se gesten dentro o provengan de fuera; la dependencia de la economía con respecto a la de Estados Unidos es disfuncional, tanto cuando aquella crece y por supuesto cuando entra en crisis como ahora. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no asume estas condiciones y tiende, en cambio, a recrudecerlas.
El mercado laboral está completamente distorsionado; una clave es el papel que ha jugado la emigración de trabajadores hacia el norte y las remesas que han enviado; y ahí está la falta de creación de empleos con seguridad social y prestaciones, y su contrapartida que es la explosión de la informalidad y la precariedad de las ocupaciones de la gente.
Y qué decir de la desigualdad social, la enorme concentración del ingreso y la persistencia de la pobreza en la que sigue cayendo la población menos favorecida. El discurso sobre la superación de la pobreza está ya completamente agotado, lo mismo que las medidas para combatirla. Esa condición se reproduce en su propio entorno y deja al descubierto la ineficacia de las políticas sociales que se instrumentan en medio de un insuficiente crecimiento que es ya de tipo crónico, una forma de estancamiento de largo plazo.
Si no se reconoce esto ya, tanto el costo de esta crisis como la situación en la que va a quedar la economía y la estructura social sólo podrán acarrear más problemas y conflictos en el futuro. La forma en que se produce esa riqueza en el país y en la que ella se apropia, ha llevado a reproducir las contradicciones de la estructura productiva, de las relaciones sociales y de la gestión pública.
El replanteamiento sobre nuevas condiciones para generar y repartir la riqueza no se puede postergar más. Todo el entramado de la gestión pública y del orden del poder prevaleciente está abierto a una renovación enfocada en una mayor equidad y el bienestar. Esta última noción ahora es sólo un elemento de la retórica oficial y cada vez más vacía de contenido.
Ahí está la situación de enorme inseguridad pública que, por supuesto, no es un fenómeno aislado del derrumbe de las condiciones que hacen posible un arreglo social decente.
Y ahí está, para pensarla en serio, la escena reciente en que se confronta el rector de la UNAM con el funcionario encargado de la educación pública. No se trata sólo de un asunto de recortes del gasto público, sino de un enfrentamiento sobre la idea de un país viable. Esa idea también está en crisis.
La contraposición entre el ruido y la señal está en un punto máximo.
