Al encabezar la ceremonia de registro de 99 nuevas asociaciones religiosas en el país, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, sostuvo que la laicidad no implica, en modo alguno, el rechazo a la religión; todo lo contrario, implica la defensa férrea desde el ámbito del Estado y del derecho de la libertad para creer, de la libertad de culto.

De igual forma convocó a las asociaciones a conducirse dentro del marco de la ley, sujetarse a la Constitución, absteniéndose de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos, promover el respeto y la tolerancia religiosa y no realizar proselitismo político. Acatando dichas disposiciones se preserva la división del Estado y las iglesias, lográndose, dijo el funcionario, un país más plural, diverso y libre.

En este contexto, el secretario ejecutivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Manuel Corral, deslizó las demandas acumuladas e inquietudes de la Iglesia católica respecto del marco legal, al aducir que no hace falta un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las organizaciones sociales, entre ellas, las iglesias que juegan un papel importante. Corral fue enfático en las demandas ante el subsecretario: apertura en favor de las asociaciones religiosas para que puedan poseer medios masivos de comunicación, y derogación de la necesidad de informar a la Secretaría de Gobernación para la transmisión de actos religiosos a través de radio y televisión.