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La PGJDF no puede lavarse las manos, dice Castilla Marroquín

Pide AN que caigan cabezas por el asunto de Casitas del Sur
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de agosto de 2009, p. 35

Al considerar que luego de ocho meses de investigaciones no hay avances contundentes en el caso de la desaparición de la menor Ilse Michel del albergue Casitas del Sur, la fracción del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pidió la destitución del fiscal para servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), y del director de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la ciudad.

En conferencia de prensa, el diputado panista Agustín Carlos Castilla Marroquín consideró que a pesar de que ese asunto fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), la PGJDF no puede lavarse las manos y dejar de hacer su trabajo.

Ocho meses y nada

Comentó que junto con familiares de Ilse Michel y de otros padres y madres afectados por la actuación del citado albergue, se revisó el expediente que integró la procuraduría capitalina y nos dimos cuenta que luego de ocho meses no se realizó prácticamente nada, razón por la cual pidieron la salida de autoridades de esa dependencia, así como de la Contraloría, pues también desatendieron sus responsabilidades.

Añadió Castilla Marroquín que también funcionarios de la Fiscalía para Menores y el albergue temporal tienen por lo menos una responsabilidad administrativa por omisión y/o negligencia en el caso de Ilse Michel, sin descartar la acción penal que pudiera emprenderse contra los servidores públicos involucrados.

De igual manera, pidió al procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, investigar el posible vínculo de Gerardo Uriel Tufiño Sandoval, director general de Recursos Humanos de esa dependencia, con miembros de Reintegración Social AC, de la Iglesia Cristiana Restaurada, así como su presunta responsabilidad en la desaparición de uno de los menores.

Reiteró, además, su solicitud a la PJGDF para que informe si continúan laborando dos funcionarias acusadas por su presunta responsabiidad en este caso y contra quienes presentó una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJDF y la Contraloría General del DF sin que exista resultado alguno.