Ante el incumplimiento del amparo que determinó la revocación del permiso dado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la operación de Minera San Xavier, el grupo Pro San Luis Ecológico interpuso ayer una denuncia penal contra Francisco Cuevas Godínez, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y contra Alejandro Sánchez Hernández, magistrado ponente.

En tanto, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte determinó no integrar un expediente de hechos sobre el caso, debido a que existen procesos jurídicos en curso. Pro San Luis Ecológico presentó una solicitud de investigación ante el organismo trinacional al considerar que hay violaciones a la legislación ambiental.

La demanda penal fue presentada ante la fiscalía para delitos cometidos por servidores públicos de la PGR, debido a que tras el amparo otorgado a Pro San Luis –el 7 de agosto de 2007– por el juzgado 11 de distrito en materia administrativa, el tribunal fiscal se ha negado a acatar la resolución de un juez colegiado de distrito, explicó el abogado del grupo, Jesús González Schmal.

Dijo que el proceso se radicaría entre ayer y hoy, y en ocho días se pediría la declaración de los magistrados, después de lo cual podrían ser aprehendidos, pero si cumplen con la sentencia de amparo sólo serían objeto de sanción por demora.