A cinco meses de que se habilitaron los juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, conocidos como juzgados de control, han recibido mil 727 solicitudes de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para obtener algún tipo de medida cautelar relacionada con investigaciones de personas vinculadas con el crimen organizado, informó ayer en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial Federal (PJF).

De la cifra total, mil 467 peticiones correspondieron a cateos, 244 a arraigos y 16 a intervenciones de comuni- caciones privadas, aunque el comunicado no aclara cuántas de esas solicitudes se concedieron al Ministerio Público Federal.

El reporte del CJF añade que, del 5 de enero al 31 de mayo, se solicitó para casos delictivos ocurridos en el Distrito Federal 204 arraigos, 171 cateos y 16 intervenciones de comunicaciones; para casos en Sonora, Nuevo León, Jalisco y en Sinaloa, 235, 201, 118 y 109 cateos, respectivamente.

Hace cinco meses (el 5 de enero) fue habilitado un edificio en el Distrito Federal que alberga a seis juzgados de control con jurisdicción para todo el país.

Los juzgados de control han recibido críticas de abogados penalistas que litigan en el país e incluso han provocado la presentación de demandas de amparo por la supuesta inconstitucionalidad de esos órganos jurisdiccionales, ya que dificultan la defensa de cualquier inculpado.

Así paso, por ejemplo, en el reciente caso de los diez ediles michoacanos detenidos por sus presuntos vínculos con bandas del narcotráfico.

Los abogados de esos funcionarios han hecho públicas sus críticas a estos juzgados y han adelantado la posibilidad de presentar amparos contra la inconstitucionalidad de los mismos, a fin de que en algún momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre el tema.

La creación de estos juzgados estuvo por encima de la Constitución que en ningún artículo permite la existencia de tribunales de excepción. Es jurídicamente aberrante este tipo de juzgados especializados porque afectan las garantías de defensa. ¡De qué se trata!, ¿de hacer tribunales tipo Nuremberg?, destacó en entrevista con La Jornada el penalista Juan Rivero Legarreta, quien defiende al alcalde de Zitácuaro, el priísta Juan Ixtláhuac.

Desde la creación de los juzgados de control, hace cinco meses, la PGR ha logrado que los abogados de sujetos a los que se les imputan delitos relacionados con la delincuencia organizada no tengan acceso a los expedientes de arraigo o cateos, aun cuando el artículo 20 de la Constitución y la legislación penal federal da garantías de defensa a cualquier indiciado, entre ellas la posibilidad de saber quién lo acusa y de qué delito lo inculpa.