El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, insistió en que no fue advertido por el gobierno federal sobre la operación policiaco-militar del martes pasado, y admitió haber hablado por teléfono con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pero (lo atendió) después de que yo lo llamé, y cuando ya estaba el operativo en curso, a las 11:30 de la mañana, seis horas después de que todo comenzó.

Dijo que la noche del martes habló con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora. Yo lo busqué para decirle que tenía interés de que el ahora ex procurador del estado, Miguel García Hurtado, se presentara voluntariamente a declarar. Que nos dijera en dónde, y ya dijo él que fuera aquí, en el Distrito Federal.

Por otra parte, el mandatario michoacano estuvo ayer en la ciudad de México para reunirse con la cúpula de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, incluidos coordinadores parlamentarios, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García; el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y un representante del mandatario de Guerrero, Zeferino Torreblanca. Por razones de agenda no acudieron los jefes del Ejecutivo de Baja California Sur y Chiapas, también de extracción perredista.

En el contexto de esa reunión, realizada en un hotel capitalino, se informó que Godoy Rangel se enteró a las 6:30 de la mañana de la primera detención –una hora después de que se inició la acción policiaco-militar–, y que entonces intentó hablar con Gómez Mont, pero sólo pudo hacerlo hasta las 11:30 y éste le dijo: “El operativo está en curso”. Después recibió una llamada de Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del Presidente de la República.

Como resultado de la reunión perredista, que se prolongó más de dos horas, se ratificó la decisión del presidente nacional de ese partido, Jesús Ortega Martínez, de encontrarse este jueves con Gómez Mont en sus oficinas de Bucareli, para expresarle su descontento por la forma en que se llevó a cabo la operación en Michoacán, y proponerle un nuevo pacto que involucre a autoridades políticas y a los diferentes órdenes de gobierno en el combate al narcotráfico, así como exigirle que en materia de seguridad no se presenten sesgos políticos y electorales.

Esa reunión es resultado de dos llamadas telefónicas que Ortega hizo al secretario de Gobernación el martes, luego de hablar con el gobernador de Michoacán, para preguntarle en torno a lo ocurrido.

Godoy, en diversas intervenciones, fijó su compromiso de combatir al crimen organizado y apoyar plenamente a las autoridades federales en esta lucha. “Pero si se nos hubiera avisado a tiempo –apuntó– hubiéramos contribuido a que ese operativo saliera todavía mejor y se respetara la Constitución”.

Asimismo rechazó que no tenga control en el estado. El control de la delincuencia organizada le corresponde al gobierno federal, y a los de los estados colaborar plenamente; eso estamos haciendo.

Ortega, en tanto, dio a conocer conclusiones de la deliberación que ayer sostuvieron los líderes perredistas: Hay una situación política delicada, con dos elementos centrales: una profunda crisis de seguridad nacional que impacta a todas las entidades, porque la delincuencia organizada ha adquirido extraordinario poder para penetrar muchas estructuras del Estado. Y dos, la severa y profunda crisis económica. Exaltó el compromiso de los gobernadores emanados del PRD de mantener congruencia y consecuencia en la lucha contra el crimen, y su determinación de que nadie, sin importar su filiación partidista, se quede sin castigo si está involucrado en actividades ilícitas.

Sólo que esta acción no puede hacerse al margen de la Constitución, ni puede violentar el pacto federal o utilizarse como recurso para ocultar la crisis económica que está afectando de manera severa a toda la población, acotó.