En medio de ataques y descalificaciones entre el PRI y el PAN, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó multar con 465 mil pesos al blanquiazul por la propaganda denominada sopa de letras, que fue considerada como denigratoria y calumniante. Sin embargo, igualmente por mayoría dividida, se rechazó considerar esta publicidad panista como un acto anticipado de campaña, como señaló en su queja el priísmo.

Al mismo tiempo y de manera unánime, el IFE rechazó la propuesta presentada por el PRD de que sea retirado el aval otorgado a la Lotería Nacional para contratar publicidad en periodo de campaña, tras el escandaloso caso de peculado en que se involucró a su director, Miguel Ángel Jiménez, quien pretendió sobornar al Diario de Yucatán para hacer pasar por publicidad oficial el contrato de publicidad de la campaña panista en Campeche.

Al respecto, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, señaló que se encuentran en marcha indagatorias, motivo por el cual el instituto debe ser prudente para tomar resoluciones al respecto. Sin embargo, quiero decir enfáticamente que el no aprobar este proyecto no significa ni remotamente que el IFE avale conductas que presumiblemente puedan ser ilegales.

El representante perredista ante el organismo, Rafael Hernández, censuró estas ilegalidades que causan impacto negativo en la equidad de la contienda electoral, y demandó que el presidente Felipe Calderón tome decisiones en torno a estas conductas de sus subordinados.

Fue una prolongada sesión que confrontó al PRI y al PAN en acusaciones mutuas: “el PRI quiere insultar y criticar, pero que a él no le recuerden su pasado. La ruta de la judicialización de las expresiones –dijo el representante del PAN, Roberto Gil– no es el camino correcto para fortalecer la democracia, la cual se fortalece con discusión vigorosa, desinhibida, intensa sobre los asuntos públicos”.

Segundos antes, Gil había lanzado una nueva batería de acusaciones al PRI, recordándole que la intervención del gobierno echeverrista en Excélsior fue un acto de censura; que la inflación de 20 mil por ciento en 20 años de gobiernos priístas generó pobreza; que las crisis económicas fueron motivadas por la irresponsabilidad de los gobiernos del tricolor; que la matanza de Tlatelolco, el jueves de Corpus, la guerra sucia de los años 60, 70 y 80 y la masacre de Aguas Blancas eran muestras de la represión priísta.

Sobre la mesa, colocó decenas de libros que, aseguró, avalaban las imputaciones al PRI, rematando: es necesario hoy en día ver la lista de los candidatos priístas, que reafirma su intención de regresar al pasado. Los mismos responsables de los males del pasado son los mismos que aspiran a llegar a las cámaras.

Las imputaciones fueron de inmediato rebatidas por el priísta Sebastián Lerdo de Tejada, quien afirmó que las gracejadas que publicó el PAN ligando al PRI con el narcotráfico, con la impunidad, entre otros males, no podían ser un debate de altura. “Lo que hace muy bien el PAN es ser oposición. Se les olvida que son partido en el gobierno. Sean responsables.

Estamos a la mitad de una crisis económica, de una profunda crisis de seguridad pública y ustedes con estas gracejadas publicitarias dividiendo más a la sociedad, recriminó.

Emplazó al PAN a dejar ya de lado a sus publicistas extranjeros y de paso su estrategia de provocar a los otros partidos, como hicieron con la Coalición por el Bien de Todos en 2006, calumniándola y luego espantándose porque no apoyaban al Presidente. ¡Vaya congruencia de la derecha!

En medio de las acusaciones mutuas del PRI y del PAN, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, indicó que si bien el intercambio de ideas es saludable para la democracia, ésta no puede tener viabilidad cuando las campañas negativas reducen el debate, se sobreponen a las propuestas y vulneran la gobernabilidad, una vez que concluyen las elecciones.

Por ello, pidió a los partidos no trasladar el centro de la contienda electoral a las campañas negativas ni a los espacios no regulados por la ley.

Finalmente, por siete votos a dos se aprobó que la campaña panista fuera sancionada con 465 mil pesos y que no volviera a contratar este tipo de publicidad, pero con cinco votos a favor se consideró infundado que las publicaciones sean consideradas actos anticipados de campaña.