La Policía Federal Preventiva (PFP) clasificó como reserva por diez años el número de elementos de esa dependencia comisionados como escolta, así como los que se asignan a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y a las poco más de 240 dependencias y entidades de la administración pública federal.

En los alegatos de la PFP, que evaluará este miércoles el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se señala que tras cumplir las instrucciones que ese instituto le encomendó el año pasado al organismo, de entregar información similar a un ciudadano, resultaron heridos funcionarios y elementos de esa corporación.

Las consecuencias

Según la PFP, el IFAI le había ordenado entregar la información sobre el número de policías federales preventivos que en 2008 se destinaron al servicio de escoltas de servidores públicos y de otras personalidades.

“En este caso –arguyó la PFP– se instruyó entregar la información al solicitante, la cual se proporcionó el 7 de mayo de 2008, destacando que el día 8 de mayo del presente año fue asesinado el comisario Édgar Eusebio Millán Gómez, comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, resultando heridos sus escoltas, y en cascada se empezaron a perpetrar asesinatos en contra de los funcionarios encargados de la Seguridad Pública, por citar uno entre tantos, el caso de Igor Labastida Calderón, ultimado en una fonda, a corta distancia de las oficinas de la Agencia Federal de Investigación”.

La PFP señaló que otra situación parecida ocurrió cuando el IFAI le instruyó dar a conocer el documento relativo al llamado grupo coordinador de instalaciones estratégicas para comprender su funcionamiento, visión y misión, según se consignó en la solicitud 0413100000908.

Tras ser entregada la información, el 11 de junio de 2007, casi un mes después la institución se ve flanqueada (sic) y resulta perjudicada la paraestatal Pemex, al sufrir diversos actos de sabotaje en sus instalaciones vitales, lo que ocasionó afectaciones a nivel nacional y pérdidas económicas que pusieron en riesgo la estabilidad de la nación.

Ante ello, la PFP determinó que difundir la información que se le pide fomenta la posibilidad de que sea empleada por grupos delictivos, facilitando la planeación y ejecución de actos ilícitos en contra de la integridad del personal operativo, al conocer cuántos miembros conforman el área de escoltas, objetivo, planes de operación y a qué funcionarios protegen.

Por otro lado, el Instituto Federal de Acceso a la Información evaluará la inexistencia que declaró Presidencia de la República sobre el total de facturas pagadas a los medios de difusión impresos durante el presente año.