El jefe delegacional de Cuauhtémoc con licencia y precandidato a una diputación local, José Luis Muñoz Soria, así como funcionarios de esa demarcación, acumulan al menos 17 denuncias de todo tipo y ante diversas instancias, aseguró el legislador capitalino Tomás Pliego Calvo, quien pidió a las autoridades electorales, administrativas y judiciales que están conociendo esas querellas, aceleren su trabajo y no permitan que impere la impunidad, pues de poco va a servir si para septiembre se diga que sí hubo irregularidades.

En entrevista conjunta con el diputado federal Armando Barreiro, Pliego expresó que desde principios de este año comenzaron a presentarse ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia capitalina, la Contraloría General del gobierno local e instancias de control y vigilancia del PRD varias quejas de gente afectada por el proceder deMuñoz Soria y de autoridades de la Cuauhtémoc, sobre todo por estar utilizando los recursos públicos para apoyar a precandidatos impuestos, en alusión a Agustín Torres, quien busca ser el titular de esa jurisdicción.

Incluso, pidió a los órganos de control interno del sol azteca que también “haga algo al respecto y pueda lavar su imagen, pues de lo contrario se manda el mensaje de que se permite y tolera la impunidad de sus militantes.

De hecho, Pliego comentó que en estos días habrán de reunirse Armando Barreiro, José Alfonso Suárez del Real y él con el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el titular de la Contraloría, Ricardo García Sáinz, para pedirles que metan velocidad a las denuncias que están conociendo en torno a Muñoz Soria y su gente, y no se quede todo archivado y se quiera resolver cuando hayan acabado su gestión al frente de una instancia de gobierno local.

A su vez, Manuel Oropeza, secretario general, en funciones de presidente, del PRD capitalino, señaló que en el caso de las denuncias en contra de servidores públicos de la delegación Cuauhtémoc, por el uso electoral del programa Justicia Social, la Contraloría General, la procuraduría capitalina y la Comisión de Derechos Humanos local deberán realizar las indagatorias y fincar las responsabilidades que haya lugar.

También consideró que el gobierno delegacional está obligado a hacer las aclaraciones y los deslindes correspondientes, tras señalar que el PRD sólo puede actuar en función de que haya dictámenes de las instancias respectivas, y en tal caso, agregó, quien tiene que proceder a sancionar a alguien, si resultara responsable, es la Comisión de Garantías.

Entendemos que haya este tipo de quejas en un proceso electoral, pero ningún precandidato ha hecho llegar a la dirección del partido nada de esta información, y nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, y que sean las instancias competentes las que tienen las facultades y los elementos para investigar, las que nos pueden y deben decir si hay pruebas, expresó.