■ En reunión con Gómez Mont, señalan la escasa confianza ciudadana en las autoridades
Legisladores panistas demandan medidas de excepción en localidades peligrosas
■ En Juárez ya perdimos libertades básicas; por temor, pocos salen de noche: Galindo Noriega
Senadores y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que, ante la debilidad del Estado y la poca credibilidad de los ciudadanos en las autoridades y la ley, crece en todo el país la decisión de tomar la justicia por propia mano, y le pidieron considerar el establecimiento de medidas de excepción en localidades donde la criminalidad y la violencia ha llegado a niveles intolerables.
El senador por Chihuahua Ramón Galindo Noriega, quien asistió junto con su coordinador Gustavo Madero y diputados de esa entidad a la reunión con Gómez Mont la semana pasada, planteó al funcionario que la situación es muy delicada, pues empresarios y comerciantes de Ciudad Juárez decidieron ya contratar guardias armados para defender sus familias y negocios de las bandas organizadas y de grupos de jóvenes que se dedican también al secuestro y la extorsión.
“Esa actitud desesperada, que puede propiciar episodios sangrientos”, agregó, se debe a que Ciudad Juárez vive bajo un “estado de sitio” que le ha puesto la delincuencia –en 2008 van mil 500 ejecutados–, por lo que es necesario establecer medidas temporales que, aunque restrinjan libertades civiles, permitan frenar asesinatos, plagios, quemas de negocios y otras agresiones, que mantienen en el terror a los habitantes de esa localidad fronteriza.
–¿Qué les respondió el secretario Gómez Mont?
–Coincide con que tiene que haber medidas extraordinarias, pero como buen abogado que es, nos hizo notar que está limitado por la ley para una decisión de esa naturaleza, y que se requiere un acuerdo con las autoridades estatales y locales de Chihuahua.
“Actuar ya”
Agregó que sabe perfectamente que no se pueden llevar a cabo acciones unilaterales, por lo cual insistirá en que haya convenios interinstitucionales que permitan establecer el estado de excepción en Ciudad Juárez, vigilando un respeto escrupuloso de los derechos humanos.
No basta, resaltó, con enviar a Ejército y policías federales a los estados donde reinan el narcotráfico y otras bandas del crimen organizado; tampoco se puede esperar a que se concrete la coordinación entre los tres niveles de gobierno ni que se perfeccione el marco jurídico. “Se necesita actuar ya”.
Las medidas extraordinarias podrían ser, precisó, nombrar a un funcionario que coordine todas las tareas policiacas, ya que un solo mando evitaría la dispersión y el desorden de los operativos, en los que participan ahora tres corporaciones distintas, entre ellas la federal.
Planteó vigilar a los delincuentes liberados, para saber a qué se dedican, pedir a los habitantes que se identifiquen en todo momento y establecer hora para ya no circular por la noche, entre otras medidas.
–¿Esto no viola garantías constitucionales? ¿No acaba con derechos básicos?
–En el caso de quienes residimos en Ciudad Juárez, ya perdimos esas libertades. La mayoría de la población ya no sale de noche a restaurantes, y menos a bares; prefiere quedarse en su casa por temor a ser asesinado en algún ajuste de cuentas o que lo secuestren. Y no hablo sólo de los empresarios o de comerciantes ricos; también la gente a pie de calle está en peligro, porque hasta en restaurantes modestos hay tiroteos y en este ambiente de violencia y caos han surgido grupos de jóvenes dedicados a robar e incendiar negocios si no obtienen dinero. Yo mismo he tenido que ir a vivir a El Paso –Texas– por el temor a perder la vida.
Galindo Noriega fue alcalde de Juárez y conoce bien la situación. El municipio, uno de los más productivos de América Latina –generó el año pasado 17 mil millones de pesos en impuestos federales–, está en crisis, recalcó, porque los ciudadanos disminuyeron su consumo, al no asistir ya a lugares públicos.
Si en 10 o 12 años, más de 400 mujeres fueron asesinadas, “en ese lamentable caso conocido como las muertas de Juárez”, en lo que va de este año más de mil 500 personas han sido ultimadas por el narco, mientras el gobierno del priísta José Reyes Baeza está paralizado, al igual que los locales, abundó.
El legislador panista afirmó confiar en que Gómez Mont tomará cartas en el asunto.
“Ya está revisándolo; hubo un acercamiento con la comunidad de Chihuahua y esperamos que haya convenios pronto, porque lo peor que puede pasar es que los ciudadanos se armen para enfrentarse al crimen organizado, como lo anunciaron los dirigentes empresariales, un ejemplo que puede generalizarse en todo el territorio nacional.”