■ Especialistas piden compromiso del gobierno federal, si se aprueba reforma en todo el país
Sin recursos, el bachillerato obligatorio será letra muerta
■ Serían necesarios cerca de 15 mil millones de pesos para atender la demanda nacional de egresados de secundaria
■ Destacan la disparidad en cobertura entre el DF y estados del sur
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Las medidas aprobadas por la Cámara de Diputados son un paso adelante en el ejercicio de los derechos de los jóvenes a la educación, pero en sí mismas resultan insuficientes. En imagen de archivo, alumnos de la Preparatoria Cuajimalpa
Foto: Guillermo Sologuren
Especialistas en el sistema educativo nacional afirmaron que la reforma constitucional aprobada el pasado jueves en la Cámara de Diputados que establece como obligatoria la educación media superior es un “paso adelante en el ejercicio pleno del derecho a la educación de miles de jóvenes, pero también implica graves riesgos de convertirse en letra muerta si no existen la voluntad política y los recursos financieros necesarios para sacar adelante este reto”.
Roberto Rodríguez, especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, destacó que tan sólo atender la demanda de cobertura en bachillerato para egresados de secundaria en todo el país requeriría una inversión cercana a 15 mil millones de pesos, cifra que “ofrece un parámetro sobre la cantidad de recursos que se necesitan”; “cubrir la demanda es muy distinto a garantizar la obligatoriedad”, aseveró.
Destacó que, a nivel nacional, la tasa bruta de cobertura en bachillerato abarca casi 60 por ciento de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo, aunque varía de acuerdo con las condiciones de marginación de algunos estados, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde, en promedio, subrayó, sólo se atiende a 40 por ciento de la población que debería estudiar el bachillerato. En el Distrito Federal, esta tasa, dijo, alcanza 90 por ciento, y en Nuevo León, supera 80 por ciento.
Diversificar la oferta
Otro de los retos, insistió, es que la oferta deje de estar concentrada en un número reducido de municipios en todo el país, pues se estima que “sólo entre 20 y 25 por ciento de éstos cuenta con servicios educativos de este nivel, por lo que, de aprobarse la reforma en el Senado y los congresos estatales, una de las tareas prioritarias será diversificar la oferta, y no únicamente ofrecerla mediante el sistema de educación a distancia”.
Sin embargo, reiteró que de aprobarse en el Senado y los poderes legislativos estatales las reformas a los artículos 3 y 31 constitucionales para hacer obligatorio el bachillerato, “daremos un paso adelante, aunque tampoco podemos creer que, por sí misma, una modificación a la normatividad vigente va a cambiar las cosas. Se debe invertir y consolidar un nuevo modelo de bachillerato, y hoy tenemos esa oportunidad”.
Por su parte, Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, alertó sobre los riesgos de “aprobar una reforma constitucional cuya aplicación dependa de la voluntad de los estados, y no de un firme compromiso del gobierno federal para llevarlo a cabo”.
Garantizar la obligatoriedad de la educación media superior en el país puede ser “muy positivo, siempre y cuando ésto se traduzca en hechos y no sea letra muerta, como ocurrió con la disposición constitucional para destinar ocho por ciento del producto interno bruto a educación, la cual sólo existe en el papel porque no se cumple”, expresó.
El grave riesgo de estas reformas, indicó, es que el gobierno federal y estatal acaben por “caer en el constante incumplimiento a la normatividad vigente, y que al final no pase nada porque sea letra muerta, como ocurrió con la obligatoriedad de la educación prescolar. Y, peor aún, se corre el riesgo de que la actual administración federal, que manifestó una enorme oposición a la medida, con esta nueva disposición justifique la aplicación de un modelo educativo técnico que sólo busca formar mano de obra barata”.