■ Las disposiciones, al margen del blindaje que los partidos políticos se proponen

Se prepara el IFE para garantizar la no injerencia del hampa en las elecciones

■ Buscará dar seguimiento preciso a movimientos sospechosos en cuentas de los candidatos

Alonso Urrutia

Más allá del acuerdo sobre blindaje electoral que los partidos políticos no terminan por consensuar, el Instituto Federal Electoral (IFE) prepara la aprobación de nuevas disposiciones tendientes a apuntalar sus facultades en materia de fiscalización y reforzar las acciones que impidan el ingreso de dinero del crimen organizado en los comicios. Los consejeros electorales tienen previsto aprobar estas medidas en su sesión de Consejo General del próximo viernes, independientemente de los avances que existan en el acuerdo de los partidos.

Como parte de dichas acciones, se tiene previsto instaurar una mayor coordinación, sustentada en las atribuciones que le confirió al IFE la reforma electoral, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto permitiría al IFE dar seguimiento más puntual a los movimientos en cuentas partidistas o candidatos que pudiera considerar sospechosos.

“Como consejero electoral –indicó Francisco Javier Guerrero–, creo que el IFE no puede aislarse de lo que acontece en el país. Hay preocupación de los ciudadanos en materia de seguridad, hay preocupación de combatir a la delincuencia y de que el narcotráfico no intervenga en la vida política el país.” Sin embargo, destacó, este desempeño de la autoridad debe darse en un marco de respeto a la vida interna de los partidos.

Es indudable, agregó, que estos institutos políticos van a estar bajo vigilancia estricta del IFE, pero es necesario encontrar un mecanismo que pueda compaginar la fiscalización y la vida interna de los partidos.

Entre tanto, el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar dijo que esta vía que explora el IFE pretende llevar al máximo las capacidades fiscalizadoras del organismo, aprovechando las modificaciones legales recientes. Para tal efecto se requieren ciertas adecuaciones en las disposiciones emitidas para el IFE para fortalecer sus capacidades fiscalizadoras.

Gómez Alcántar dejó entrever que, de entrada, desde que se postulen los precandidatos de los partidos, estos militantes serán ya considerados dentro de la figura de “personajes políticamente expuestos”, lo que supondrá que desde ese momento habrá un seguimiento puntual a los movimientos financieros que hicieran en sus cuentas.

Capacidades fiscalizadoras

La construcción del acuerdo entre consejeros se ha dado de manera paralela a las negociaciones que mantiene el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, con los partidos políticos para alcanzar un consenso interpartidista que permita blindar las elecciones. Al respecto, el consejero Benito Nacif comentó que debe quedar claro que esos acuerdos entre los partidos forma parte de una negociación de un compromiso político para asumir más responsabilidades; mientras, la autoridad electoral hará lo propio para fortalecer sus capacidades fiscalizadoras.

Sin embargo, en el marco de la presentación del informe de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez, insistió en la necesidad de alcanzar el acuerdo entre los partidos para blindar las elecciones. A su juicio, esto permitiría que estuvieran mejor preparados para evitar el ingreso de dinero ilícito a las campañas.

En ese mismo escenario, César Camacho, diputado priísta y presidente de la Comisión de Justicia, desestimó el citado acuerdo impulsado por el PAN por considerarlo innecesario. La existencia de la ley que prohíbe el flujo de recursos ilícitos no tiene por qué ser ratificada en un acuerdo político, externó, pues el cumplimiento de la ley va más allá de las voluntades de los partidos.