■ Revertir el minifundio, capitalizar el agro y dar certeza en la tenencia, entre los objetivos
Fracasan metas de reformas al artículo 27 constitucional hechas hace 16 años
Dieciséis años después de que se modificó el artículo 27 constitucional, los propósitos de revertir el minifundio, capitalizar el campo, promover nuevos esquemas de organización y generar certidumbre en la tenencia de la tierra no se alcanzaron. El tamaño de la parcela pasó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto, afirma un análisis realizado por el investigador Héctor Robles Berlanga.
El Estado concluyó el reparto de tierras, pero en los hechos hubo una distribución social que generó que en tres lustros accedieran a zonas ejidales y comunales 2.1 millones de nuevos titulares, de manera regular e irregular, mientras disminuyó el grado de tecnificación de los núcleos agrarios, expone.
Si bien aumentó en 1.7 millones de hectáreas la superficie irrigada, la superficie sembrada disminuyó, asegura.
Al comparar los datos de los más recientes censos agrarios, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados destacó tres fenómenos en el rubro: la compra de tierras se presenta en dos de cada tres núcleos agrarios, la cual en 33 por ciento se lleva a cabo con personas ajenas a los ejidos y comunidades; hay una mayor concentración de sujetos agrarios en menos tierra y con menor nivel tecnológico, y junto con el aumento de la migración –en cerca de 13 mil núcleos no permanecen los jóvenes–, hay una feminización el campo, pues existen un millón 165 mil nuevas titulares de tierra.
Tampoco hay nuevos esquemas de organización, ya que mil 184 núcleos agrarios dejaron de pertenecer a alguna asociación rural de interés colectivo; 6 mil 295 ejidos y comunidades se desafiliaron de las uniones de ejidos y mil 920 grupos para la producción se desintegraron, añade en el análisis.
Por lo anterior, hubo un retroceso en el fomento de las organizaciones de segundo piso, cuyo objetivo era construir economías de mayor escala y superar las restricciones del minifundio.
Se promovieron las llamadas organizaciones de primer piso, como las sociedades de producción rural y las de solidaridad social, las cuales se caracterizan por contar con pocos socios y especializarse en una sola actividad, expresa.
Además, en 16 años, sólo 189 ejidos y comunidades construyeron una sociedad mercantil, que con la reforma constitucional se consideró sería la alternativa para superar las restricciones del minifundio y construir unidades de producción para insertarse en el mercado, señala.
En el análisis Saldos de las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional, el investigador del CEDRSSA especializado en temas agrarios puntualiza que los “nuevos” esquemas de asociación propuestos no aportaron al desarrollo productivo, con lo que “se minó a los ejidos y comunidades como espacios de organización de segundo nivel”.
Con la reforma al artículo 27 constitucional –que se negaron a firmar la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, por ejemplo– se pretendía revertir al minifundio, capitalizar al campo, promover la organización y la asociación productiva y permitir la circulación de la tierra, y el Estado dio fin a su obligación de dotar tierras a los campesinos.
Sin embargo, asienta en su análisis Robles Berlaga, los ejidatarios y comuneros permitieron el acceso a esos núcleos a 2.1 millones de sujetos agrarios.
Así, en ese lapso accedieron a la tierra 60 por ciento más personas de lo que generaron 70 años de reforma agraria, lo que dio paso a un mayor fraccionamiento de la superficie agraria.
Ante la situación, Robles Berlanga concluyó que la política estatal debe dirigir todos sus esfuerzos a que minifundio sea viable.
“Estamos obligados a construir políticas acordes a este nuevo tipo de unidades e producción, realizar investigación que responda a sus requerimientos tecnológicos y a construir normas jurídicas que la protejan e impulsen”, abunda.
También hay que revertir la pérdida de equipamiento, ya que ejidos y comunidades dejaron de poseer tractores, trilladoras, instalaciones de ordeña y naves para aves y cerdos; los núcleos agrarios con bodegas pasaron de 7 mil 597 a 7 mil 451 y la superficie en esa condición se redujo en 4.6 millones de metros cuadrados.
“En muy pocos años se perdió gran parte de la infraestructura y con ella las posibilidades de que los ejidos y las comunidades puedan dar valor agregado a su producción, por lo que tienen ahora mayores dificultades para competir en los mercados globales”, afirma Robles Berlanga.