■ Esa actitud genera “opacidad”, dice comisionado del IFAI
Existe en PGR una cultura contraria a la transparencia: Guerrero Amparán
En la Procuraduría General de la República (PGR) existe una cultura que se opone a la transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la entrega de información acerca de investigaciones concluidas del Ministerio Público, lo cual genera “opacidad”, consideró Juan Pablo Guerrero Amparán, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
En entrevista, expuso que si persisten las restricciones de la PGR para someter al escrutinio público su trabajo de investigación concluido, se corre el riesgo de que la dependencia asuma una posición cómoda y no se podrá valorar si el Ministerio Público hace bien su trabajo.
La “dilación” de la PGR para proporcionar información es tal, agregó, “que reserva las averiguaciones previas por 12 años, el periodo más largo” que prevé la ley.
Aseguró que la Secretaría de la Función Pública tiene conocimiento de la negativa de la PGR a proporcionar el contenido de casi 20 averiguaciones previas concluidas, y dijo que el IFAI está en espera de una resolución.
“En muchos casos, la PGR nos hace saber que impugnará nuestra resolución ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo pleno de la sala superior ya ha fallado que es improcedente la impugnación.
“¿Cómo leemos una impugnación en este instituto?”, se preguntó Guerrero amparán, como táctica dilatoria para el cumplimiento de una resolución, porque la ley indica con claridad “que las resoluciones del IFAI son definitivas para los sujetos obligados”, destacó.
Entre la información que la PGR se ha negado a proporcionar están una averiguación de 2000 relacionada con el financiamiento de la organización Amigos de Fox; todo lo relativo a operaciones de lavado de dinero en los tres años recientes; copia de las denuncias contra Rosario Robles y las averiguaciones previas y procesos penales en los que aparece la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, así como los exámenes de confianza aplicados a Genaro García Luna, Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca, entre otros funcionarios.
El comisionado del IFAI señaló que debido a esas acciones de “opacidad”, Agustín González Guerrero, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en el gobierno de Vicente Fox, fue sancionado con “una amonestación privada” y otro funcionario de la procuraduría (del que no se proporcionó nombre) fue destituido e inhabilitado por 10 años.
Juan Pablo Guerrero consideró que “es tiempo que se retome la propuesta que hizo el IFAI, avalada por los comisionados en forma unánime, de que se ponga en claro las implicaciones que tiene la violación de la Ley Federal de Transparencia. Es sano que sepamos a qué atenernos y conocer si el instituto tiene dientes de leche o colmillos de lobo para que exista certeza en lo que significa no cumplir una resolución del IFAI”, puntualizó.
El principal diferendo entre la PGR y el IFAI, sostuvo, se refiere al alcance de la reserva de las averiguaciones previas.
Para la PGR, las averiguaciones deben ser consideradas reservadas y debe negarse su acceso ante una solicitud de información, independientemente del estado en el que se encuentren.
“El pleno del IFAI se ha opuesto a ese criterio. En sus resoluciones, el instituto ha ordenado que cuando la investigación ministerial ha concluido y está firme –ya sea para dictaminar el no ejercicio de la acción penal o para consignar el caso ante un juez– procede la entrega de una versión pública que proteja los datos personales, confidenciales y cualquier otra información que pudiera entorpecer las investigaciones relacionadas o en proceso”, indicó Juan Pablo Guerrero.