■ Girada hace seis meses, la orden autorizaba sólo a la PFP a apoyar al instituto

El INM excluyó a policías locales de los operativos antinmigrantes, revela la PGR

Alfredo Méndez

La red de corrupción de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) presuntamente vinculados con la mafia anticastrista de Miami llevó a la instancia de la Secretaría de Gobernación a hacer a un lado a las policías estatales y municipales en la lucha diaria por combatir el tráfico de indocumentados, revelan documentos judiciales consultados por La Jornada.

La semana pasada, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) pidió al juez José Reynoso Castillo, titular del juzgado séptimo de procesos penales federales, que concediera el arraigo de nueve funcionarios del INM que habrían permitido el rescate de 33 migrantes cubanos, la autoridad ministerial notificó al juzgador que se tiene documentado el hecho de que desde enero pasado autoridades migratorias ordenaron a todas las corporaciones policiacas locales del país abstenerse de realizar pesquisas y operativos relativos al tema de los indocumentados.

Según el Ministerio Público Federal encargado de esta investigación, el argumento que dio el INM, mediante un oficio enviado a todas las entidades federativas, fue que el tema de la migración es una cuestión de “seguridad nacional” por lo que supuestamente sólo dicho organismo, con el auxilio de la Policía Federal Preventiva (PFP), estaría facultado para realizar operativos para el aseguramiento de los migrantes que pasan todos los días por territorio mexicano en su pretensión de llegar a Estados Unidos.

“Se tiene comprobado por documentación oficial que funcionarios del INM restringieron la participación (de las corporaciones policiacas estatales) en los operativos contra del tráfico de indocumentados”, refiere la PGR en una parte del expediente de arraigo radicado en el juzgado séptimo de distrito.

A decir de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), encargada de las pesquisas contra los nueve funcionarios del INM, es en los estados de Quintana Roo y Chiapas donde se registra el mayor número de operativos policiacos de detención de inmigrantes procedentes de Cuba y de otros países centroamericanos.

La autoridad ministerial precisó al juez Reynoso que los oficios mediante los cuales el INM pidió a las corporaciones de policía estatales y municipales abstenerse de detener a migrantes, circuló desde hace seis meses.

Aunque la SIEDO desconoce aún qué mando migratorio dio la orden para que se impidiera a las policías estatales colaborar con la PFP en el aseguramiento de indocumentados, la autoridad federal no descarta la posible complicidad de algún “funcionario importante” del INM –instancia dependiente de Gobernación– con las bandas internacionales de polleros que operan en México.

En su edición del lunes pasado, La Jornada reveló que la PGR cuenta con elementos para considerar que la denominada Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), organización anticastrista de cubanos residentes en Miami, por lo menos desde hace tres años mantiene vínculos con el cártel del Golfo y con la banda de sicarios Los Zetas, para fortalecer el tráfico de migrantes isleños y centroamericanos que pasan por territorio mexicano hacia Estados Unidos.

Un día después de que se dio a conocer esa información, el embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera, entrevistado durante el almuerzo que ofreció el presidente Felipe Calderón a su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, confirmó la información publicada por este diario, y destacó que existe intercambio de información entre México y La Habana para esclarecer las indagatorias sobre el rescate de los 33 cubanos que se produjo el pasado 12 de junio.

El diplomático agregó que el gobierno isleño tiene información de que “quien está detrás de todo esto” es la FNCA. “Hasta las propias autoridades de México tienen que reconocer que la mafia de Miami, al servicio del gobierno de Estados Unidos, le arrebató por la fuerza, o compró a un importante contingente de agentes migratorios de ese país, a decenas de inmigrantes arrestados en Quintana Roo, entre ellos niños inocentes, transportados a la fuerza por riesgosos mares y hasta madres forzadas a emigrar”, puntualizó.