Promesas incumplidas
Así titula este año Amnistía Internacional (AI) la Introducción a su Informe 2008 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, correspondiente al año 2007, y que fue presentado a escala mundial y nacional el miércoles pasado.
En ella hace un breve recuento de las principales causas que han generado a escala internacional el incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo sexagésimo aniversario se conmemora este año, y la pérdida de consenso en cuanto a su validez como paradigma para garantizar estados democráticos de derecho y un mundo libre, equitativo y justo. Entre ellos cronológicamente menciona los enfrentamientos entre las dos “superpotencias” durante la guerra fría; el estallido de los conflictos étnicos y la desintegración de algunos estados en Europa, luego de la caída del Muro de Berlín, y los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Por lo que se refiere a los últimos años, el informe señala el desafío del gobierno estadunidense al derecho internacional en su lucha contra el terrorismo; la ambigüedad y doble moral de los gobiernos europeos, así como la pérdida de su capacidad para exigir a sus estados miembros el rendir cuentas sobre asuntos de derechos humanos, que no abarca el derecho comunitario. A lo que habría que añadir el incumplimiento hasta ahora de China de sus compromisos en derechos humanos, con ocasión de las Olimpiadas de Pekín; la impunidad en Chechenia; la negatividad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para hacerlos valer, y su empeño por debilitarlos; las deficiencias de potencias emergentes como India y Sudáfrica para cumplirlos a nivel nacional, por encima de cálculos económicos y políticos, y la disparidad entre la actuación vistosa en el escenario internacional de países como Brasil y México, y su actuación en el ámbito interno.
A nivel continental, cabe señalar la actuación de los gobiernos militares y autoritarios, correspondientes a las ideologías de la seguridad nacional en las décadas de los 70 y 80; el uso tradicionalmente faccioso del sistema de justicia para reprimir a los disidentes políticos y luchadores sociales; la “guerra contra el terror” del actual gobierno de Estados Unidos; los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en Colombia por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros; la persistencia en la imposición de la pena de muerte en algunos estados, a pesar de que el año pasado la Asamblea General de la ONU aprobó ampliamente una resolución para suspenderla; las diferentes situaciones de violencia contra las mujeres; la impunidad de los crímenes del pasado; el rechazo o la falta de congruencia interna para garantizar plenamente la jurisdicción universal de los estados en materia de derechos humanos, y la discriminación social y económica, sobre todo contra los indígenas, campesinos, mujeres, homosexuales y lesbianas, enfermos de VIH/sida, así como la represión contra líderes sociales y comunitarios.
Y en medio de todo esto el manipuleo ideológico de los derechos humanos, la falta de voluntad política para reconocerlos y cumplirlos, la distancia entre las palabras y los hechos, y la pérdida de legitimidad para exigirlos a escala internacional.
Por ello el informe inserta este año una didáctica sección, en la que Amnistía Internacional va contraponiendo de manera elocuente cada una de las promesas formuladas en los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con los principales datos y cifras de lo que lamentablemente todavía hoy ocurre en el mundo.
Todo esto ha hecho que cobren especial relieve los movimientos sociales por los derechos humanos, pues la gente cree en las exigencias de justicia, libertad e igualdad, que están en el origen de la misma, y no va a quedarse callada o a resignarse si continúa ensanchándose el abismo entre sus reivindicaciones por los derechos humanos y la negativa de sus gobiernos por respetarlos, protegerlos, garantizarlos y cumplirlos.
“Están surgiendo movimientos diversos, polifacéticos y dinámicos –expresa AI–, que hacen frente a este problema y que están desarrollando nuevas formas de activismo y potenciación de los derechos. Estos movimientos exigen que todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos sean una realidad para todas las personas”. Y por ello la organización escribe su Informe 2008 “en solidaridad con los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo”, quienes son los verdaderos protagonistas de los derechos humanos, al cumplirse los 60 años de la Declaración.
Aunque también plantea la urgente necesidad de que los gobiernos recuperen su liderazgo en la promoción y defensa de los derechos humanos, por encima de intereses económicos parcializados, cálculos políticos unilaterales y usos facciosos del poder. Pero antes de todo ello, tienen la obligación moral de pedir perdón a todos sus pueblos, “por no haber atendido la promesa de justicia e igualdad recogida en la Declaración”, y haber mostrado “más interés en ejercer el abuso de poder o en perseguir el provecho político personal que en respetar los derechos de las personas que gobiernan”.