Usted está aquí: martes 15 de abril de 2008 Política Demandarán a la PGR por un millón de dólares

■ Excarcelan a dos acusados de homicidio

Demandarán a la PGR por un millón de dólares

Alfredo Méndez

En lo que representa un nuevo fracaso para la Procuraduría General de la República (PGR), familias, abogados, empresas y/o escuelas de las que forman parte José Antonio Vera Díaz y Leonardo Omar Santana Rodríguez preparan demandas civiles contra esa dependencia para exigir la reparación económica por el daño moral causado a ambos, luego de que se les acusó injustamente de ser los presuntos asesinos del juez federal René Hilario Nieto Contreras.

Los dos fueron excarcelados el fin de semana del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el estado de México, donde permanecieron nueve meses.

El viernes, el juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en Toluca emitió una sentencia absolutoria en favor del rescatista de la Cruz Roja y del vendedor de automóviles.

Alejandro Díaz, abogado de Leonardo Santana, dijo ayer a La Jornada que exigirá indemnización por un millón de dólares, debido a la “bajeza” con que actuó la PGR en ese caso.

Los abogados de José Antonio Vera también prevén una estrategia legal similar, que comenzarán una vez que la sentencia absolutoria sea confirmada por un tribunal de alzada.

Aunque se prevé que la PGR interpondrá un recurso de apelación para que sea revocado el fallo que permitió liberar a los acusados, se avizora complicado el éxito para la autoridad ministerial.

La intención de la fiscalía fue acreditar primero la responsabilidad penal directa de los inculpados, es decir, demostrar que fueron los autores materiales del asesinato del juez, en agosto de 2006. Pero en la medida en que avanzaron las pesquisas, las pruebas acusatorias de la PGR se fueron cayendo. Al final, en sus conclusiones, la fiscalía disminuyó los cargos y sólo les imputó ser presuntos copartícipes.

Desde el inicio, ambos fueron detenidos por las declaraciones de tres testigos, quienes aseguraron inicialmente haber visto a los inculpados en Toluca –donde fue ejecutado el juzgador– el día en que ocurrió el asesinato.

Sin embargo, meses después se retractaron y aseguraron haber confundido los rasgos físicos de los presuntos homicidas.

Además, la secretaria del juzgado cuarto de distrito, Érika Navarrete, quien el día del asesinato se encontraba con Nieto Contreras, rechazó conocer al vendedor de autos Santana Rodríguez y al paramédico de la Cruz Roja Vera Díaz.

 
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