■ Deben atenderse denuncias contra militares: Episcopado Mexicano
Busca el Senado que se den facilidades a la CNDH para vigilar derechos en Chihuahua
El diputado perredista José Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa, destacó que “la situación de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en los operativos policiacos que realizan han tomado tintes alarmantes”.
Dijo que desde febrero pasado, los legisladores de su partido advirtieron que en Baja California y Tamaulipas los elementos castrenses habían cometido diversas transgresiones a las garantías fundamentales de los ciudadanos e impuesto un estado de excepción.
Mientras, el senador Carlos Navarrete, también del PRD, aseveró que si el gobierno de Felipe Calderón no atiende los llamados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el presidente del organismo, José Luis Soberanes, “debe sacar la casta” y tomar otras medidas de apremio, ya que tiene instrumentos para hacerlo”.
Durante la sesión de ayer en el Senado se cabildeó un punto de acuerdo en el que todas las fuerzas políticas solicitan que se brinden mayores facilidades a la CNDH para la realización de sus labores en el estado de Chihuahua. La senadora panista Teresa Ortuño dijo que deben combinarse dos aspectos: la lucha contra el crimen organizado en Chihuahua y velar en todo momento por el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Quien no tenía mucha información sobre el tema es el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Jorge Mendoza. Sólo comentó que buscará reunirse con Soberanes “para que me diga qué quiere”.
En tanto, organizaciones civiles plantearon la posibilidad de presentar una denuncia ante organismos internacionales, a fin de que desde fuera se exhorte a México a cumplir los compromisos que ha contraído en materia de defensa de derechos humanos, y el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano, Gustavo Rodríguez Vega, consideró que las denuncias contra los militares que actúan en el combate al narcotráfico deben atenderse “hasta sus últimas consecuencias”.
Rodríguez Vega expresó su deseo de que la labor del Ejército en esta tarea “termine lo más pronto posible”, en beneficio de los derechos humanos y la tranquilidad de la población. “No es conveniente que se prolongue por mucho tiempo la presencia de los militares en esta lucha contra el narco y el crimen organizado. Se ha venido generando un ambiente muy tenso y de preocupación en todas las ciudades donde ha llegado el Ejército, especialmente en la frontera”, dijo el también obispo auxiliar de la arquidiócesis de Monterrey.
En San Lázaro, el diputado perredista Suárez del Real sostuvo que lejos de frenarse los atropellos, abusos y vejaciones de soldados contra ciudadanos, “ahora somos testigos de cómo elementos militares violan el principio de presunción de inocencia consignado desde 1871 en el Código Penal Federal e imponen un régimen de persecución”.
A su vez Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, señaló que la estrategia es errónea, pues antes de sacar a los militares a las calles tendría que haber resuelto los problemas de impunidad y corrupción que existen en las estructuras policiacas.