“Persecución jurídica” contra la Iglesia, al aumentar penas cuando se trata de clérigos
Se excede el Estado en sus atribuciones al inhabilitar a curas pederastas: obispo
Alfonso Humberto Robles propone que a los prelados señalados se les juzgue en el Vaticano
Los jerarcas, obligados a denunciar los abusos contra menores, dice un sacerdote español
Las penas contra los pederastas, que se incrementan al doble cuando el delito lo cometen sacerdotes y otros religiosos, constituyen una “persecución jurídica” en perjucio de la Iglesia católica en el país, consideró el obispo de la diócesis de Tepic, Nayarit, Alfonso Humberto Robles, quien acusó al Estado de excederse en sus atribuciones al establecer la “inhabilitación” del clérigo durante el tiempo en que éste se encuentre en prisión, según el Código Penal del Distrito Federal.
“Me parece que es una persecución jurídica contra la Iglesia, porque la ley civil no puede destituir a un sacerdote, ni puede inhabilitarlo”, enfatizó el prelado durante el desarrollo del segundo día de trabajos del simposio sobre delitos imputables a clérigos, principalmente de carácter sexual, que organiza la Universidad Pontificia de México.
Abogó porque el sacerdote o ministro de culto que cometa un delito de carácter sexual, como la pederastia, sea llevado al Vaticano para que sea enjuiciado por el derecho canónico, y no por el derecho civil, pues en caso contrario se está frente a una invasión de atribuciones y ante una persecución jurídica contra la institución eclesiástica. “El mismo Estado hizo la separación con la Iglesia”, esgrimió.
Sin embargo, el sacerdote José Luis Sánchez Girón, de la Universidad Pontificia de Comillas, de Madrid, España, dijo que los jerarcas católicos están obligados a denunciar a quienes cometen dentro de la Iglesia violaciones sexuales contra menores o algún otro delito de esta naturaleza. Los ministros deben tener la voluntad de colaborar con las autoridades civiles, pues la pederastia no es un delito que deba quedar dentro de la Iglesia.
Inclusive, consideró justo que la Iglesia pague una indemnización a las víctimas del delito, aunque mostró su desacuerdo por las cantidades “millonarias” que se manejan en algunos países. “No soy quién para decir cuánto dinero hay que dar a una víctima de abuso sexual, lo que sí, es que las cifras en Estados Unidos son alucinantes, de varios millones de dólares por caso”.
En este sentido, estimó que debido a estas cantidades es que se presentan casos donde las víctimas sólo buscan el beneficio económico de la indemnización.
Por su parte, el abogado Juan Velásquez, quien ha asesorado al cardenal Norberto Rivera en la demanda que enfrenta en una corte de California por presuntamente encubrir a un sacerdote pederasta, consideró que con las reformas recientes las penas contra este tipo de delitos se incrementaron, aún más cuando quienes las cometen son religiosos.
Es positivo –dijo– que este tipo de delitos sexuales se castigue con penas ejemplares, pero en el caso de los sacerdotes son “severísimas”, pues en los códigos penales federal y capitalino los castigos se incrementan hasta el doble cuando quienes los cometen son clérigos o ministros de culto. Así, una sentencia puede llegar hasta 32 años de prisión, según el delito y sus agravantes.
Esta situación se repite en el Distrito Federal, cuyo Código Penal impone a los religiosos castigos superiores a lo que correspondería si no lo fuera, debido a que hay la agravante de que se trata de una persona que generaría confianza entre los menores. Además, se contempla su inhabilitación hasta por el tiempo en que permanezca en prisión acusado de ese delito.
Velásquez criticó a los legisladores por aprobar leyes sobre hechos que escandalizan a la sociedad, pero al mismo tiempo, en el caso del DF, se despenalizan el aborto, el adulterio y, eventualmente, la eutanasia. “Esa es la actitud moderna de nuestros legisladores”, dijo el abogado del cardenal Rivera.
“Hay jueces corruptos que se venden, pero son la minoría; hay sacerdotes pederastas, pero también son la minoría”, remató.