El procurador rehúsa atender a manifestantes

Exigen informe a la PGR sobre la matanza en Aguas Blancas

Alfredo Méndez

Pobladores de las comunidades Atoyaquillo y Pasto Real, ubicadas en el estado de Guerrero, entre ellos viudas, madres y sobrevivientes de la matanza en el vado de Aguas Blancas, se manifestaron la tarde de ayer frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los inconformes exigieron que el titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora, les concediera una audiencia pública, con el fin de que les explicara el motivo por el cual no ha concluido la investigación, iniciada en 2002 por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), contra el ex gobernador guerrerense Rubén Figueroa Alcocer, acusado del delito de genocidio.

Sin embargo, el procurador no accedió a recibirlos y fueron atendidos por un funcionario de bajo perfil.

Entrevistado afuera de las instalaciones de la dependencia, el abogado José Sánchez Sánchez, representante jurídico de las víctimas, indicó que lo que quieren los pobladores es saber si la investigación está en archivo o en consulta del no ejercicio de la acción penal, para entonces acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Penal Internacional y pedir su intervención.

Según el litigante, la averiguación previa PGR/FEMOSPP/016/2002 llevaba el año pasado un avance de investigación de 80 por ciento, la cual se inició en respuesta a sendas recomendaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CIDH.

“La última vez que nos dieron información sobre la investigación fue meses antes de que desapareciera la Femospp, en 2007. Nos dijeron que había más de 10 tomos de indagatoria, que faltaban por declarar el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y policías, y que estaban pidiendo los informes del hospital de Atoyac de Álvarez, donde se estaban preparando, por órdenes de altos funcionarios, camas para recibir a los heridos, antes de que se diera la agresión.

“Sabemos que hay suficientes elementos que configuran el delito de genocidio, en perjuicio del ex gobernador y otros funcionarios del Estado mexicano, porque curiosamente dos años después se efectuó la masacre de Acteal (en Chiapas) y al año siguiente la de El Charco (Guerrero), y a partir de ahí el Estado, al haber impunidad, aplicó políticas de desaparición forzada de personas y persecución política”, puntualizó el litigante, oriundo de Guerrero.

Fue el miércoles 28 de junio de 1995 cuando en el vado de Aguas Blancas agentes de la Policía Motorizada y Judicial de Guerrero emboscaron una camioneta que transportaba, del pueblo de Atoyaquillo a Coyuca de Benítez, a campesinos que iban a comprar y vender mercancías, así como a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes pretendían participar en un mitin en Atoyac de Álvarez.

Los policías acribillaron a los campesinos. Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron rematados de un tiro en la cabeza. Dieciséis jornaleros resultaron muertos y otro falleció posteriormente.

Después de la masacre, los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que habían actuado en legítima defensa.

En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero, en el cual estaban el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, y el director de la Policía Judicial del estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el aparato levantó el vuelo. El comandante Manuel Moreno González, director de Protección y Vialidad del estado, responsable de la Policía Motorizada, fue quien dirigió el operativo.