Usted está aquí: jueves 20 de diciembre de 2007 Estados El alcalde de Tonalá, a un paso del desafuero

El funcionario y el procurador estatal no acudieron al Congreso

El alcalde de Tonalá, a un paso del desafuero

El edil envía a su esposa como “representante personal” a la sesión

Dice que el acusado sigue en el DF; trasciende que habría huido a EU

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Ampliar la imagen

Ampliar la imagen Un grupo de manifestantes se reunió ayer fuera del Congreso de Jalisco para protestar por el juicio de desafuero en contra del alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga. Hasta el recinto llegó también Ana Delia García García, esposa del alcalde panista acusado de asesinato, delincuencia organizada y abuso de autoridad, quien dijo que representaría al acusado en el juicio de procedencia, lo cual no le fue permitido Un grupo de manifestantes se reunió ayer fuera del Congreso de Jalisco para protestar por el juicio de desafuero en contra del alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga. Hasta el recinto llegó también Ana Delia García García, esposa del alcalde panista acusado de asesinato, delincuencia organizada y abuso de autoridad, quien dijo que representaría al acusado en el juicio de procedencia, lo cual no le fue permitido Foto: Arturo Campos Cedillo

Guadalajara, Jal., 19 de diciembre. El Congreso local inició el juicio de procedencia para discutir el desafuero del alcalde de Tonalá, el panista Jorge Vizcarra Mayorga, y aunque la sesión se prolongó hasta la madrugada de este viernes, todo indicaba que los diputados aprobarían la solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para proceder en contra del edil, acusado de encubrir una red de corrupción que cobró la muerte de al menos un funcionario municipal.

La lectura del resumen de casi 300 fojas, más los alegatos de las partes acusada y acusadora, alargaron la sesión extraordinaria, que se inició a las 18:40 horas. Al cierre de esta edición no se había tomado una decisión, pero varios legisladores coincidieron en que ratificarían la determinación de la Comisión de Responsabilidades en favor del desafuero.

Ni Jorge Vizcarra Mayorga ni el procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, se presentaron en el salón de sesiones.

El alcalde envió a su esposa, Ana Delia García García, quien entregó un documento en el cual señalaba que había sido nombrada por su marido “representante personal” y por ello podría intervenir en la audiencia “en todas sus etapas”: sin embargo, no le fue permitido porque no está previsto en el reglamento.

“La ley es muy clara: la notificación tiene que ser personal. Él (Vizcarra Mayorga) no estaba. Lo que hizo el Congreso fue llegar, aventar la notificación y pegarla en la presidencia municipal. La ley dice que si no está el interesado se tiene que proceder como si se tratara de un citatorio. Mi marido, por obvias razones, no se va a presentar porque no fue notificado personalmente. Estoy aquí como esposa, como madre de cuatro de sus hijos y para hacer valer los derechos de Jorge Vizcarra, mi marido”, dijo Ana Delia García luego que logró entrar al Congreso, donde había un cerco policiaco debido a una manifestación de al menos 100 personas que portaban mantas y gritaban consignas en favor de Vizcarra Mayorga y contra el desafuero.

–¿Dónde está su esposo?

–Está en la ciudad de México, sigue ahí. Obviamente si las cosas siguen así él no se va a presentar. La ley es muy clara: tiene que ser notificado personalmente. Aquí estoy yo de pie, y voy a seguir estando de pie.

La ausencia de Vizcarra Mayorga, a quien la PGJE ya tiene preparada una orden de aprehensión en cuanto se apruebe el desafuero, motivó rumores. Además de lo dicho por su esposa, se mencionó que el alcalde había huido a Los Angeles, California, pero en la radio se difundió que lo habían visto en una plaza comercial de Guadalajara.

La lectura de la relatoría, resumen de las 2 mil 700 fojas del expediente, demoró más de tres horas y media y no podía ser obviada.

A las 22:30 horas comenzó la lectura de los alegatos de ambas partes. Algunos diputados calcularon que si no se abría un receso para continuar este viernes en la mañana la sesión se prolongaría por lo menos hasta las 3 de la madrugada.

Desde la llegada de la actual administración municipal panista a Tonalá, en enero pasado, hechos como el atentado que sufrió fuera de su casa el síndico Leonel Andrade Padilla, en febrero, dejaron entrever una serie de irregularidades.

El asesinato del director de mejoramiento urbano, Carlos Romo Guízar, en abril, y la captura de dos presuntos involucrados, despertaron la sospecha de que el móvil de las agresiones era el presunto control de las mafias sobre puestos claves para el otorgamiento de permisos y licencias municipales.

 
Compartir la nota:

Puede compartir la nota con otros lectores usando los servicios de del.icio.us, Fresqui y menéame, o puede conocer si existe algún blog que esté haciendo referencia a la misma a través de Technorati.