La denominada legislación de la familia excluye las sociedades de convivencia
Miope, sectaria y excluyente, la ley propuesta en NL por AN, dicen priístas
Monterrey, NL, 28 de noviembre. La denominada ley de la familia, propuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), fue realizada con gran miopía, pues pretende imponer a la sociedad una visión ideológica sectaria, consideró el coordinador del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ildefonso Guajardo. La bancada blanquiazul argumentó, por su parte, que no pretende impedir las uniones entre homosexuales sino fortalecer a la familia, definida en los términos del Código Civil vigente en Nuevo León, que no contempla las sociedades de convivencia.
En su artículo primero, la legislación, aún no aprobada, establece que tiene por objetivo garantizar los derechos que la ley reconoce a la familia, precisar sus principales responsabilidades y los elementos rectores para su convivencia, además de definir los principios para su protección, promoción y desarrollo integral desde el aspecto ético y social.
El artículo 2 señala que la familia es una institución de carácter natural reconocida por la ley, integrada por personas vinculadas por alguna relación de parentesco en términos del Código Civil del estado.
En el artículo 6 se acota que “el Estado protegerá la integración y desarrollo de la familia con medidas de carácter político, económico, social y jurídico que contribuyan a consolidar la unidad y la estabilidad de la misma, a fin de que pueda cumplir su función específica de enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos”.
El artículo 8 parece inmiscuir al gobierno en la vida privada de las personas, al establecer que “la familia y el Estado son corresponsables en la defensa y promoción del bien común y del de cada persona. El Estado deberá promover el conocimiento, comprensión y concientización sobre las responsabilidades del matrimonio y la familia”.
Asimismo, en el artículo 12, señala que “la sociedad y el Estado deben coadyuvar a la sana convivencia familiar, atendiendo de manera especial las problemáticas propias de la dinámica familiar, las condiciones sociales en que se desarrolla y estableciendo el marco jurídico que impida la violencia o abuso, físico o emocional, cualquier forma de discriminación u otras problemáticas destructoras de su unión”, como el divorcio.
El artículo 28 de la iniciativa ha sido cuestionado por actores políticos de la entidad, que lo consideran atentatorio contra la libertad de expresión: “El estado promoverá que los medios de comunicación social sean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad, el fortalecimiento de la familia y la perspectiva de familia. Los medios de comunicación deben promover conductas, valores, pensamientos, principios, modelos y acciones que dignifiquen a la persona y fomenten la integración familiar”.
Otro tema polémico es la creación del instituto estatal de política familiar, “que tendrá a su cargo diseñar, promover, difundir y evaluar las políticas públicas y las acciones con perspectiva de familia que contribuyan a consolidar la unidad y la estabilidad” de la misma.
El artículo 37 de la iniciativa expresa que para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus objetivos, el instituto tendrá las atribuciones y responsabilidades de formular, vigilar y evaluar un Programa Estatal de Política Familiar integrado al Plan Estatal de Desarrollo; promover, proteger y difundir los derechos, obligaciones, principios y valores de la familia, “reconociendo la importancia de la corresponsabilidad entre los miembros de ésta y, en particular, la fortaleza derivada de que padre y madre coexistan como figuras centrales”.
El coordinador del PRI, Ildefonso Guajardo, dijo que la familia no requiere un marco legal específico, pues cada miembro tiene derechos y obligaciones ya contemplados en diversas leyes. Expuso que la iniciativa es excluyente, “está planteada con una gran miopía y con una gran injerencia de creencias particulares”.
Asimismo, dijo, el PAN pretende inmiscuirse con los medios de comunicación, “al señalar que deben difundir valores positivos, ¿y quién los va a señalar?” Por ello, expuso, “cuando legislamos, debemos hacerlo para todos, no para imponer las visiones de segmentos o fracciones de partidos políticos sobre el resto de la sociedad”.
La panista Norma Yolanda Robles, principal impulsora de la ley, aceptó tácitamente que se busca excluir las uniones de homosexuales y las sociedades de convivencia, pues, aceptó, “definimos a la familia en los términos del Código Civil vigente”, que no contempla ese tipo de relaciones.