Imputan al senador panista autorización ilegal de centro de confinamiento de residuos
Pedirán a la ASF investigar a Ernesto Saro por posible tráfico de influencias
La bancada priísta en la Cámara de Diputados presentará hoy un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar el periodo en el que el senador panista Ernesto Saro Boardman fue alcalde de Ramos Arizpe, Coahuila, por la autorización irregular para la construcción de un centro de confinamiento de residuos industriales y la condonación de 98 por ciento sobre los derechos de trámite a la empresa Tecnologías Ambientales Especializadas, administradora del complejo.
El diputado priísta Yericó Abramo Masso explicó que con esa decisión, el ex alcalde favoreció a la empresa, que sólo pagó al municipio 100 mil pesos, cuando en realidad el total de impuestos ascendía a casi 6 millones de pesos, acción que podría constituir delito de tráfico de influencias, tipificado en el Código Penal Federal.
Refirió que el 31 de agosto pasado, el Congreso de Coahuila instaló una comisión especial que investigará a Saro Boardman –quien preside la Comisión de Salud del Senado–, la cual dará seguimiento a los permisos a la empresa citada.
En el documento que presentará hoy, el legislador priísta señala que el senador violó el reglamento municipal al convocar a cabildo el 23 de diciembre de 2005, cuando se aprobó el permiso para la construcción del confinamiento, pero la solicitud hecha por la empresa tiene fecha del 26 de diciembre de 2005; es decir, la autorización se le otorgó tres días antes de pedirla.
El punto de acuerdo afirma que hasta ese año Tecnologías Ambientales Especializadas carecía de oficinas y experiencia en el confinamiento de residuos peligrosos, lo cual la convertía en una empresa fantasma, pues fue constituida poco antes de llevar a cabo el proyecto.
Agrega que la Constructora y Servicios Prisma SA, la cual sería la responsable de la construcción del confinamiento y tiene sede en Monclova, con oficinas en Saltillo y Acuña, en realidad se dedicaba a la construcción de viviendas.
Señala que como Saro preside la Comisión de Salud del Senado, y con los antecedentes del caso, se puede configurar tráfico de influencias, por lo cual la ASF, el gobierno federal, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y el actual cabildo de Ramos Arizpe deben iniciar una investigación ante “las posibles irregularidades e ilícitos –del hoy legislador– cometidos en el ejercicio de su funciones” al autorizar el centro de manejo de residuos industriales.