Inquietud entre telefonistas por reforma sindical
A cuatro días de que comenzaron las votaciones en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) para aprobar o rechazar diversas modificaciones a los estatutos gremiales, la contienda arroja “una tendencia unánime en favor de la reforma”, aseguró Eduardo Torres, vocero del organismo laboral.
Sin embargo, lo anterior fue desmentido por integrantes de la Red Nacional Telefonista (RNT), quienes aseguraron que pese a la “coacción” de la cúpula sindical, la votación en algunos centros está “dividida”, mientras que en otros existe un marcado “rechazo” a las modificaciones.
Entre las reformas que pretenden aplicarse a los estatutos del gremio destacan el aumento de las cuotas sindicales de jubilados, la creación de la figura de un secretario adjunto y la relección del secretario general.
Consultado por este diario, Eduardo Torres confirmó que el pasado miércoles comenzó en toda la República la consulta entre los trabajadores, la cual durará al menos tres semanas (se prevé que concluya entre el 9 y 12 de noviembre), y agregó que el mayor número de secciones y centros de trabajo pendientes de sufragar son foráneos.
El vocero aprovechó la oportunidad para desmentir a la RNT, que la víspera había denunciado que el secretario general del sindicato, Francisco Hernández Juárez, ofrecía beneficios laborales relacionados con retabulaciones a cambio de un voto en favor de los cambios.
Asimismo, negó que haya impulsado sanciones sindicales o desempolvando expedientes viejos de personajes “incómodos” a su gestión, como los de Ruth Gallaga Jiménez y Armando Crespo Cinco, a quienes esta semana les fueron suspendidos sus derechos por dos y tres años, respectivamente, y se les suspendió el pago de salario por seis días.
En el caso de Gallaga Jiménez, la sanción fue por un asunto ocurrido hace cuatro años, cuando ostentaba un cargo directivo en el sindicato y desde ahí reportó un faltante de casi 70 mil pesos, relacionado con las actividades de Reegal Terrazas Hernández, sobrina de Hernández Juárez.
Denuncias de irregularidades
Lo que sí admitió Torres fue que en las papeletas de votación se pide a los sufragantes poner nombre, sección, centro y número de expediente, pero –dijo– no con afán de violar las secrecía del voto, sino porque es un requisito de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Todo lo que dicen es totalmente falso, pero en el caso de los votos, el estatuto obliga (a poner los datos), al igual que la STPS, para validar los sufragios. Que vean los estatutos”, señaló. Sin embargo, esto fue desmentido por la disidencia: “a la secretaría sólo se le llevan actas, no votos”, señaló Ramón Félix.
La trabajadora jubilada Alicia Sepúlveda señaló que si la votación es adversa a la dirigencia sindical “se inventarán una nueva acta con resultados a modo o repetirán las votaciones presionando a la gente para que cambie su voto”. En tanto, Miguel Lara Sánchez denunció que “los comisionados nacionales y miembros del comité ejecutivo llaman a los compañeros en pequeños grupos (de cinco a 10) al local sindical para hacerlos votar.