Usted está aquí: domingo 28 de octubre de 2007 Política “Culpables, sin fortuna y sin estudios”

“Culpables, sin fortuna y sin estudios”

Blanche Petrich

Actualmente son cinco las “presas políticas”. Una de ellas, Magdalena García Durán, mazahua detenida en San Salvador Atenco, es reconocida por Amnistía Internacional como presa de conciencia. Vendedora ambulante y simpatizante zapatista, la detuvieron durante el operativo policiaco de mayo de 2006 en el poblado mexiquense y la acusaron –sin pruebas– de “secuestrar” a tres policías.

En su expediente figura el “razonamiento” del juez segundo de lo penal, Jaime Maldonado, para considerarla culpable: por su condición de mujer “sin bienes de fortuna, sin estudios y sin utilidad semanal” –es decir, pobre y analfabeta–, “se desprende” que es “simpatizante” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, “cuya finalidad es trastocar el orden social”. El pasado 16 de octubre obtuvo un amparo “de fondo”, en el que un juez federal con sede en el estado de México reconoció que no participó en los hechos, por lo que pronto debe quedar libre.

Junto con ella están otras tres mujeres en el penal de Molino de Flores, en Texcoco: Mariana Selvas, María Patricia Romero y Edith Rosales. Tres más fueron excarceladas bajo fianza. Sobre todas ellas, solidarias con el pueblo de Atenco, recayó la acusación de “secuestro equiparado”.

Presas y procesadas por pertenecer a un grupo armado están Gloria Arenas Agis, la coronela Aurora, del ERPI, e Isabel Almaraz, acusada de manera genérica de formar parte del EPR, por su origen en la sierra oaxaqueña de los Loxicha. Ambas firmaron declaraciones inculpatorias bajo tortura y amenaza de violación. Gloria Arenas, madre de una joven que tuvo que asilarse en Canadá, tiene una sentencia de 49 años.

Isabel Almaraz, zapoteca y madre de dos niñas, fue detenida en junio de 2002 y está recluida en Santa María Ixcotel. En junio de 1997 participó en la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha, que mantuvo un plantón de cinco años en los portales del antiguo palacio de gobierno de Oaxaca. Protestaban contra la militarización que diezmó su región: más de 90 ejecuciones extrajudiciales, 15 desapariciones y, en su momento, cerca de 500 detenciones.

En junio de 2002 fue detenida y acusada de participar en el secuestro de un menor junto con dos hombres a quienes no conocía. Estos fueron liberados inmediatamente, no así Isabel, a quien atribuyen haber conducido el auto en el que se cometió el secuestro; ella ni siquiera sabe manejar.

 
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