Calderón transfirió la facultad apenas llegó al poder

Desplaza Ejército a PGR en erradicación de droga

Durante 6 meses se suspendió la fumigación de plantíos

Gustavo Castillo García

Por decisión presidencial, el Ejército asumió de forma exclusiva la responsabilidad en la erradicación de enervantes. En consecuencia, a partir de diciembre de 2006 se inició la optimización de “medios con que cuenta el Estado para hacer frente al narcotráfico”; además, se adoptarán las medidas necesarias para “transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los bienes y presupuesto que utiliza la Procuraduría General de la República (PGR)” para llevar a cabo esta labor.

Para fortalecer las actividades de intercepción de enervantes se creó la “Fuerza de Tarea de Alto Impacto en Nuevo León y Tamaulipas, y otra fuerza de tarea conjunta (Ejército-Fuerza Aérea-Armada) en la península de Yucatán”, además de una red de 252 puestos de control, vigilancia y patrullaje terrestre, aéreo y anfibio.

En ese contexto, a partir del 13 de abril pasado –luego de más de seis meses de inactividad en la fumigación de cultivos ilícitos–, la Sedena comenzó dichas tareas con 26 aeronaves y 43 equipos transfieridos por la PGR, según el convenio de colaboración firmado entre ambas dependencias el 28 de febrero, de acuerdo con informes obtenidos por este diario a través del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Sin embargo, en el Informe de gobierno de Felipe Calderón se señala que la PGR deberá transferir en total 58 aeronaves, 72 vehículos y 10 bases de operaciones que se localizan en seis estados de la República, “entre otros bienes”.

La destrucción de cultivos mediante fumigación se reanudó recientemente; sin embargo, la PGR no ha definido la situación laboral de unos 500 trabajadores de las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos, que estaban vinculados a esas acciones.

Detalles del convenio

En el convenio firmado por los titulares de la PGR, Eduardo Medina Mora, y de la Sedena, Guillermo Galván Galván –del cual La Jornada posee copia–, se menciona que el Ejecutivo federal expidió un decreto en el que estableció como prioridad “fortalecer la capacidad del Estado para combatir la delincuencia y preservar la seguridad nacional (Diario Oficial de la Federación, 4 diciembre de 2006).

“A fin de optimizar los medios con que cuenta el Estado para hacer frente al narcotráfico, el Presidente instruyó que se adopten las medidas necesarias para transferir a la Sedena los bienes que utiliza y destina la PGR para la erradicación de enervantes a escala nacional, así como brindar el apoyo necesario”.

También se acordó hacer las gestiones necesarias “para el uso de instalaciones, así como de apoyo en materia de capacitación y adiestramiento” que requiera el personal de la Sedena.

A la fecha, de acuerdo con fuentes oficiales, algunas bases de erradicación de la PGR ya han pasado a manos del Ejército, como las ubicadas en Culiacán, Sinaloa; Oaxaca, Oaxaca; Chilpancingo, Guerrero, y Uruapan, Michoacán. Sólo en la primera se permite aún el acceso a personal de la PGR.

En ese contexto, el 12 de diciembre de 2006 el titular de la Sedena solicitó al procurador Eduardo Medina Mora “designara al personal necesario para formar parte de un comité institucional, con el propósito de determinar las condiciones y términos bajo los cuales se llevará a cabo la transferencia” (oficio 2137).

Dicho consejo quedó conformado por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Humberto Fernando Chapa Casas, y el oficial mayor de la PGR, Rafael Ibarra Consejo, como titulares del mismo. En calidad de coordinadores fueron designados el subjefe administrativo del Estado Mayor de la FAM, Paulino López Bernal, y la coordinadora de asesores del oficial mayor de la PGR, Leticia Balmaceda Pérez.

Aunque existe un convenio firmado, el documento establece que esto se realizó sin contar con la autorización de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, pues ambas partes decidieron realizar “los trámites necesarios” para dar cumplimiento al acuerdo.

En cuanto a las pólizas de seguros, el pacto establece que se mantengan los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de este año. La PGR realizará los trámites para que las compañías que los expidieron los endosen a la Sedena como “beneficiaria” y se entreguen las coberturas.

Asimismo, el Ejército comprometió a la PGR a proporcionar “en un plazo no mayor a dos años la capacitación y adiestramiento”, pero el convenio estipula que “las partes aceptan que no habrá vínculo laboral entre el personal de ambas instituciones y en ningún caso serán consideradas como patrón solidario o sustituto”.

Eso significa que los trabajadores que hasta octubre de 2006 realizaron labores de erradicación en la PGR se encuentran en una situación laboral indefinida, que se intenta enmendar con el retiro voluntario.