DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER
SUPLEMENTO MENSUAL  DIRECTOR: IVAN RESTREPO  
EDICIÓN: LAURA ANGULO   LUNES 27 DE AGOSTO 2007 
NUMERO ESPECIAL


Portada

La Chinantla, fuente de agua, fuente de vida
José Leonardo Hernández Montiel

Contaminación de mantos freáticos en Cancún
Clicerio E. Cedillo

En Oaxaca, el agua de mal en peor

Aguas con los acuíferos de la Cuenca de México

Transgénicos sin fronteras
Mariano Cereijo

Contra un programa de siembra de maíz… contaminante

Otra reserva de la biosfera: Bahía de los Ángeles y Canales de Ballenas y Salsipuedes

La cuadratura del círculo
Eduardo Valle

Cacocracia
Horacio de la Cueva


Correo electrónico:

[email protected]

  

Contra un programa de siembra de maíz… contaminante

Diversas organizaciones sociales, académicas y productivas del estado de Chiapas enviaron al gobernador de esa entidad, Juan Sabines, y a los funcionarios responsables de los asuntos de ecología, salud, derechos humanos, agua y saneamiento y producción agropecuaria, una carta en la que cuestionan los objetivos y posibles frutos de un programa oficial de siembra de maíz, el cultivo por excelencia del campo mexicano. Por su importancia, la incluimos en este suplemento.

Dicen las organizaciones en su misiva que

A partir de mayo pasado, el gobierno de Chiapas, a través de Secretaría del Campo, inició el Programa Maíz Solidario. La única información pública del programa es la que se transmite por radio, televisión e internet, en una costosa campaña publicitaria que dice: “Más de un millón y medio de chiapanecos dependen del maíz de autoconsumo. Con el Programa Maíz Solidario, recibirán semilla, herbicida y fertilizante a más tardar en junio, por primera vez a tiempo. Chiapas, gobierno de hechos, no palabras”.

Al respecto, queremos manifestar públicamente lo siguiente:

Desde ahora se pueden prever las graves consecuencias a la salud ambiental y humana, así como a la base social y productiva de organizaciones de productores orgánicos y agroecológicos que desde hace 20 años efectúan ejemplares procesos de agricultura sustentable y comercio justo.

Las consecuencias por introducir semillas híbridas “mejoradas”, fertilizantes y herbicidas químicos se verán reflejadas en el aumento de la contaminación de los suelos, los bosques y, sobre todo, las aguas, máxime si consideramos las condiciones de pendientes pronunciadas y tierras erosionadas prevalecientes en Chiapas.

Debieran ser aleccionadoras las advertencias emitidas por el presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Hematología (AMEH), Dr. Raúl Cano Castellanos, quien el 27 de mayo pasado en la ciudad de Tapachula, reveló que “Chiapas es de los estados con el mayor número de pacientes diagnosticados con leucemia”, y que “en la mayoría de los casos detectados están ubicados en zonas rurales donde se utilizan diversos productos agroquímicos, y por lo mismo, las víctimas suelen ser de escasos recursos económicos”. Consideró que “las autoridades de salud y las agropecuarias deben empezar a trabajar en programas dirigidos a alejar los centros de población de los agrícolas, sobre todo aquellos donde se utilizan altas cantidades de sustancias tóxicas, como el benceno”.

La contaminación por agroquímicos en arroyos, ríos, lagunas y litorales, es una amenaza para todo el sistema hidrológico Grijalva-Usumacinta y para la franja costera de Chiapas, lo que pone en riesgo ambiental a una de las regiones con mayor biodiversidad y la de mayor humedad de todo México, contaminando irresponsablemente además, productos agropecuarios de consumo humano.

Un riesgo adicional para la salud comunitaria, para las semillas criollas y para la biodiversidad local se encuentra en el posible uso por parte de dicho programa, de semillas transgénicas, importadas de los Estados Unidos, carentes de toda advertencia acerca de su origen y carácter.

Programas del tipo Maíz Solidario, corresponden al fracasado esquema de la Revolución Verde, que lejos de cumplir con la prometida eliminación del hambre en los países pobres, ha destruido la economía campesina, volviéndola cada vez más dependiente tanto de las corporaciones multinacionales productoras de insumos agrícolas, como de programas gubernamentales con enfoque paternalista. Con ello, cada vez está más lejos la soberanía alimentaria local, regional, estatal y nacional pues a mediano plazo los suelos pierden toda fertilidad por la acidez que dejan los agroquímicos, la producción se desploma y los campesinos se empobrecen aun más, aumentando la emigración.

La población más vulnerable son los pequeños productores campesinos, pero particularmente los indígenas, y entre estos las mujeres y los niños que utilizan agua de ríos contaminados por agroquímicos con consecuencias muy graves en su salud que con el tiempo desarrollan cáncer. Los productores que utilizan agroquímicos ni siquiera han recibido capacitación sobre medidas de seguridad, guantes, trajes para evitar el contacto de estos agroquímicos con la piel y los pulmones.

En este sentido, el Programa Maíz Solidario representa un retroceso de 20 años respecto a iniciativas de agricultura orgánica, agroecología y comercio justo, desarrolladas precisamente en Chiapas y que, incluso, han recibido recursos y reconocimientos de programas de gobierno y de organismos internacionales y multilaterales.

Con este programa, en los hechos y con pocas palabras –pues ni siquiera hay información concreta y específica disponible en la página de internet del gobierno a su cargo, pese a la obligatoriedad de informar y consultar puntualmente–, su administración está impactando negativamente en los esfuerzos de miles de productores campesinos e indígenas, de la sociedad civil que ha brindado acompañamiento comprometido a estos productores, e incluso, de otros programas de gobierno que han apoyado el transitar de una agricultura basada en agroquímicos, a un desarrollo comunitario sustentable fundado en el rescate de las prácticas culturales de los pueblos indígenas, en el cuidado y mejoramiento del medio ambiente y en la posibilidad de recuperar la soberanía alimentaria local y regional, contradiciendo, en los hechos, sus propias palabras, enunciadas en el Plan de Desarrollo Chiapas 2006-2012, una de cuyas metas prioritarias es: “Disminuir la presión sobre los recursos naturales y la degradación ambiental, aprovechando sustancialmente los recursos, a partir del desarrollo microrregional, la diversificación de la producción forestal y el manejo integrado de los ecosistemas”.

En realidad, el beneficiario directo de este programa no es el sector campesino ni los consumidores urbanos, sino las empresas multinacionales de agroquímicos como Monsanto, Syngenta, Aventis, BASF, DuPont, Bayer y Dow AgroSciencies, así como sus distribuidores estatales a costa de la salud, los recursos naturales y la economía de Chiapas, entidad que sigue siendo el estado con menores índices de desarrollo humano de México, comparables con los países más pobres del mundo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De ahí que, por su impacto negativo en la salud comunitaria, en la economía y en los recursos naturales del estado y por la violación de los derechos fundamentales a la salud humana, a la alimentación y al medio ambiente sano, exigimos cancelar inmediatamente el programa maíz solidario.

Pronunciándonos, en cambio, a favor de:

  • Una agricultura comunitaria, basada en prácticas agroecológicas y agroforestales, que restituya la relación armónica del ser humano con su entorno, revalorando las prácticas culturales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
  • Impulsar la soberanía alimentaria local, regional y estatal, sin depender de corporaciones multinacionales, mejorando al mismo tiempo, la calidad de los suelos, bosques, aguas y granos básicos, de acuerdo a una economía basada en la diversidad cultural, biológica y productiva.

Hacemos un llamado a las comunidades y familias campesinas, a rechazar este programa, y, en consecuencia, a no aceptar donativos de semillas híbridas –o, posiblemente, transgénicas–, herbicidas ni fertilizantes químicos.

Hacemos también un llamado a los ayuntamientos a analizar y discutir, de forma plural y democrática, el impacto socioambiental de este programa en sus territorios municipales, y –haciendo válido el Artículo 115 Constitucional– a no aportar el 30 por ciento de su costo, como exige el gobierno estatal.

Igualmente, hacemos un llamado al Congreso Local, al Congreso de la Unión, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las secretarías técnicas de los gabinetes de Economía y Desarrollo Social y a los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, a solicitarle al gobierno de Chiapas que suspenda inmediatamente este programa.

Solicitamos que los recursos originalmente destinados a este programa –que se calculan aproximadamente en mil pesos por productor, con un universo de 1 millón 500 mil productores– sean destinados a programas para atención a la salud ambiental y fortalecimiento de la agroecología, la agricultura orgánica, la agroforestería y el comercio justo.

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