Exigen respeto a Ley de Bioseguridad y crear reglamento
Grupos del CAP condicionan la siembra de transgénicos
Piden que el gobierno vigile a las trasnacionales
Organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP) se pronunciaron en favor de la siembra experimental de maíz transgénico, siempre y cuando su desarrollo se apegue a la Ley de Bioseguridad y se elabore un reglamento que proteja las especies nativas del grano y no estén controladas por trasnacionales.
“No nos oponemos a los intercambios agrícolas si se respetan las condiciones de los productores”, aseveró Miguel Luna Hernández, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, quien demandó que todos los alimentos elaborados con productos genéticamente modificados sean etiquetados y los experimentos de ingeniería genética con animales y plantas destinados al consumo humano cumplan con la Ley de Bioseguridad y los principios éticos.
Los productores de maíz no sólo enfrentarán la desgravación total del grano a partir del próximo año. Actualmente “libran una fuerte pelea contra las trasnacionales Cargill y Monsanto, las cuales presionan para rentar terrenos y convertirlos en plantaciones de granos genéticamente modificados, a pesar de que no se ha publicado el reglamento de la Ley de Bioseguridad”, abundó el dirigente.
Gerardo Sánchez García, coordinador del CAP, declaró que antes de que comiencen las siembras experimentales de maíz transgénico hay que registrar y proteger el germoplasma y los recursos filogenéticos de dicho grano, así como de otros alimentos básicos para la población. De igual forma, destacó, los sistemas y tecnologías campesinas de producción.
Agregó que ante la creciente demanda mundial de maíz, trigo y arroz, y de la nueva relación entre mercados alimentarios y energéticos, hay que crear un programa de innovación y desarrollo tecnológico rural, particularmente para las zonas marginadas, “que sea respetuoso del medio ambiente y contribuya a atenuar los efectos del cambio climático y el calentamiento global”.
El desarrollo tecnológico, sostuvo Sánchez García, tendrá que impulsar el crecimiento rural sustentable y ser transferido a productores y otros agentes de la cadena por conducto del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología, para proteger la soberanía y la seguridad alimentaria del país. “Nosotros tenemos que generar tecnología que esté acorde con las condiciones regionales, proteger la biodiversidad como bien público, los recursos genéticos, el germoplasma y los conocimientos tradicionales de los mexicanos”, añadió.
Por su parte, Olegario Carrillo Meza, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, comentó que los integrantes del CAP no se oponen al progreso ni a los adelantos tecnológicos aplicados en beneficio de la sociedad, pero sí “al uso inmoral de las patentes y al absurdo de que las semillas pasen a ser propiedad de particulares o de empresas trasnacionales”.
Agregó que antes de que se utilicen semillas genéticamente modificadas de maíz, el gobierno debe establecer un programa efectivo de financiamiento y respaldo tecnológico para incorporar 2 millones de hectáreas más a la siembra de maíz, crear un fondo para la producción de alimentos básicos y reformular el ingreso objetivo para el maíz y el frijol. Además, impulsar la promulgación de una ley antimonopolios para impedir el acaparamiento y la especulación de productos básicos, y que se garanticen precios accesibles a toda la población.
El Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros –conformado por 15 agrupaciones campesinas– se pronunció en contra de que el germoplasma del maíz y de otros granos y oleaginosas sea propiedad de trasnacionales, y demandó al gobierno que las políticas, programas y acciones que ponga en marcha se elaboren con base en los lineamientos marcados en el Acuerdo de Cartagena y otros pactos internacionales que ha firmado México, los cuales protegen y resguardan la biodiversidad bajo principios de sustentabilidad.
La investigación genómica y el desarrollo de patentes se hará de manera conjunta con instituciones de educación superior y la posible participación minoritaria de empresas de capital nacional, evitando monopolios u oligopolios tecnológicos. Será un tema que incorpore a la Comisión Federal de Competencia en el ámbito de sus atribuciones.