Usted está aquí: miércoles 8 de agosto de 2007 Política Discrepa el clero sobre reformas constitucionales

Bernardo Barranco V.

Discrepa el clero sobre reformas constitucionales

Desde 2005 la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) buscó restructurarse internamente, pretendiendo evitar la dispersión y focalizar su acción en las prioridades por las que, colegiadamente, los obispos han decidido optar. La CEM reconvierte las 27 comisiones episcopales en sólo nueve, anteproyecto que fue votado por mayoría abrumadora, proceso que es conducido por el obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, quien es el actual presidente de la conferencia. Prelado inteligente y sensible a los signos actuales, representa una nueva generación de obispos que contrapone y releva los tradicionales liderazgos toscos encarnados en los cardenales de Guadalajara y México.

Roma ha venido interviniendo y el propio papa Benedicto XVI ha tenido encuentros privados y directos con los obispos en la llamada visita ad limina, en septiembre y octubre de 2005, donde el pontífice manifestó que la Iglesia católica mexicana debería seguir siendo tutelar de los valores morales de la nación y ser un factor coadyuvante de la transición y consolidación democrática de México. Ahí también afirmó que la Iglesia tenía un papel central para contribuir a enfrentar el narcotráfico, la pobreza, las migraciones y, sobre todo, la corrupción de altos funcionarios públicos. Igualmente hizo énfasis en que la Iglesia mexicana debe mantenerse al margen de las posturas, intereses y proyectos político partidarios.

Muchos políticos interpretaron como injerencistas las afirmaciones del Papa, pero en realidad los principales destinatarios eran los propios obispos; la preocupación de Roma es que la Iglesia mexicana no ha acabado de acomodarse ni en la alternancia ni en la transición democrática.

La fórmula elegida por los obispos, desde su encuentro con el pontífice, ha sido arreciar su postura sobre la relación entre la ética y el cuestionamiento muchas veces inconsistente a la clase política. El momento culminante se vivió hace unos meses en torno a la despenalización del aborto en la ciudad de México. Sin embargo, las notas de prensa han subido de volumen al constatar los continuos posicionamientos de los obispos en torno a la píldora, el aborto, la homosexualidad, la familia, eutanasia y las uniones de convivencia, por mencionar algunos; son temas que se convierten en materia de disputa política.

El campo de la moral tiene fundamentos sociales pragmáticos, así como raíces culturales y sicológicas hondas. La moral religiosa católica se erige como una representación del orden social, deseado o interpretado por la institución mediante la doctrina, la tradición y la disciplina.

Además de su tradicional crítica al modelo económico neoliberal, la aspiración de poseer medios electrónicos de comunicación e impartir instrucción religiosa en las primarias públicas, la jerarquía ha demandado cambios constitucionales que le permitan un mayor campo de maniobra y, por tanto, un mejor posicionamiento en la sociedad.

Ante el clima de la reforma del Estado, de cambios y modificaciones constitucionales que flotan en el ambiente, la jerarquía lanzó sugerencias de cambios bajo el argumento de que las reformas constitucionales de 1992, a 15 años de distancia, son ahora insuficientes y se debe dar un nuevo paso tendiente a lograr la plena libertad religiosa que requiere nuestro país.

El primero en "cortar cartucho" fue el cardenal Norberto Rivera: aun bajo los efectos del debate sobre el aborto lanza una serie de aseveraciones fuertes que son ampliadas posteriormente por conducto de sus voceros, encabezados por Armando Martínez, del Colegio de Abogados Católicos, y Hugo Valdemar, del arzobispado, quienes afirmaron su aspiración a trascender de un "Estado laicicista a un Estado aconfesional", modificar el artículo 24 constitucional para garantizar "plenamente" la libertad de culto, en el que los clérigos puedan hacer públicas sus posiciones "no partidistas, pero sí políticas". Valdemar se enredó de nuevo explicando la necesidad de encontrar coherencia entre la Carta Magna, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el reglamento (La Jornada, 09/07/07).

Dichos planteamientos crearon revuelo entre la clase política, los medios y analistas, al grado que el propio Cardenal Rivera tuvo que "aclarar" su postura ante Reforma y su semanario Desde la Fe. Ahí afirmó: "no podemos opinar sobre los partidos políticos así como tampoco podemos reunirnos para asociarnos con fines políticos. Y atención, aclaro, no es que la Iglesia esté buscando asociarse políticamente, pero independientemente de ello, las leyes no tienen por qué contradecirse y prohibirnos una actividad a la que tiene derecho cualquier otro ciudadano". Con toda razón Adolfo Sánchez Rebolledo, al igual que muchos otros analistas, sostiene en su artículo "El cura y el político" la inoportunidad política de dicha iniciativa (La Jornada, 12/07/07.)

El propio episcopado expresa un extrañamiento y preocupación por la peregrinación interminable de cuestionamientos a los propósitos eclesiásticos, así como la aparición de cierto neoanticlericalismo. Sin embargo, el propio presidente de la CEM a fines de julio lanza una ofensiva mediática para fijar la postura de los obispos que matiza la brusca postura de Rivera.

Efectivamente, Aguiar Retes sostiene que la Iglesia no busca ni privilegios ni nuevos fueros, que no pretende combatir el Estado laico porque éste es una garantía de la libertad religiosa: "Definitivamente no queremos participar más activamente en política, ni nos conviene, ni la Iglesia lo permite", aclara contundentemente el religioso. Por otro lado, recordó que el Colegio de Abogados Católicos es una organización que no depende del Episcopado y que es desde su autonomía, de donde ha partido la iniciativa de modificar la legislación sobre materia religiosa. Aquí hay un deslinde de forma ante las posturas enarboladas por la arquidiócesis primada; en realidad Aguiar Retes toma distancia de la tentación de la neocristiandad, es decir, regresar a una sociedad socialcristiana de pensamiento único, que aún está latente en los ardientes corazones que añoran sociedades teocráticas.

Percepciones encontradas en el interior de la jerarquía, sin duda, pero en el fondo dejan ver la libertad religiosa y la laicidad como indisolubles en el actual debate, el cual exige razonamientos y alejar revanchas y desagravios clericales. De entrada la laicidad se trata como principio de la autonomía del Estado en relación con las iglesias, distinguiendo entre la soberanía y la supremacía. Porque no sólo se celebran los 15 años de los cambios constitucionales y la ley de cultos, sino también los 150 años de la formulación de la Constitución de 1857, que sin duda es el principio histórico de las actuales relaciones Estado e iglesias.

 
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