Usted está aquí: lunes 6 de agosto de 2007 Política Ley para vigilar y controlar

Javier Oliva Posada

Ley para vigilar y controlar

En la víspera de las vacaciones legislativas en Estados Unidos, se aprobaron en el Senado algunas modificaciones a la Ley de Vigilancia para la Inteligencia en el Extranjero (1978). Estos ajustes, sin embargo, son muy importantes y sus amplios efectos sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de ese país y la protección de los intereses de Washington merecen un detenido análisis y valoración. Por una parte, nuevamente queda a discreción del equipo gobernante en turno lo que se puede considerar acciones tendientes a vulnerar la seguridad nacional estadunidense. La también conocida Ley de Espionaje (La Jornada, 5/8/07). Por la otra, queda evidenciado que el clima de guerra que ese país vive contra el terrorismo (con todo lo que eso signifique) está lejos de aminorar o al menos de contenerse.

Y en esa empresa, el presidente Bush lo mismo va acompañado por republicanos que demócratas. Hay que recordar que éstos controlan ambas cámaras y que cualquier ley aprobada necesariamente debe contar con su beneplácito. Así y no obstante las constantes y ampliadas protestas contra la invasión en Irak, la tendencia a perseverar en su guerra, el gobierno de Estados Unidos se apresta a incrementar su capacidad de protección y control sobre sus ciudadanos y todos aquellos extranjeros susceptibles de ser señalados de tener alguna liga con actividades vinculadas al terrorismo. El control sobre lo que piensa el individuo es una añeja aspiración de la derecha en el mundo moderno.

Las novedades de los ajustes al marco jurídico estadunidense respecto del combate al terrorismo se centran en la posibilidad de establecer escuchas telefónicas e intercepción de correos electrónicos sin que medie una orden judicial. A partir de que quedó aprobada, falta la decisión de la Cámara de Representantes, aunque se da por descontado su aval, la ley, así como las ampliaciones para que el gobierno tome por su cuenta medidas que conciernen a la seguridad nacional sin consultar al Congreso, en poco tiempo, como se comprenderá, implicarán amplios recursos políticos para el presidente en turno, y así encontrarse en condiciones para poder establecer seguimientos y evaluaciones de las actividades opositoras que grupos sociales y líderes de opinión críticos ejerzan contra aquellas decisiones que vulneran de cualquier forma la justicia y la libertad.

Por eso, llama la atención que aún en condiciones de plena y absoluta mentira para justificar la invasión a Irak se persista en una línea de actividades como si se hubiese demostrado que en efecto las famosas e inexistentes armas de destrucción masiva en poder de la dictadura de Saddam Hussein fueran aún un peligro vital para Estados Unidos. De cualquier forma, ya algunos grupos defensores de derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles de América (El País, 5/8/07) presagian momentos difíciles para las actividades políticas de la sociedad, pese a que no tengan la menor conexión con supuestas actividades tendientes a favorecer al terrorismo internacional.

Controlar con el argumento de proteger es un planteamiento que facilita las actividades de espionaje sobre la vida privada de cualquier ciudadano. Interceptar sus comunicaciones, amén de los bancos de datos que el consumo cotidiano provee a la mismas oficinas gubernamentales, representa una preciosa oportunidad para anticipar protestas, movilizaciones, proclamas o cualquier otra actividad que en el ejercicio pleno de los derechos civiles pueda ser interpretada como "un riesgo para la seguridad nacional". Estas prioridades del conservadurismo pueden llegar en poco tiempo al marco jurídico de nuestro país.

Pese a que faltan aproximadamente 400 días para las elecciones presidenciales en el país vecino, es evidente que el tema del terrorismo, la migración ilegal y el comercio internacional serán los principales puntos de la agenda de debates. Mientras tanto, otros, como el calentamiento global, serán evadidos por la responsabilidad y colusión de intereses que hay entre política y negocios, y el futuro desastre ambiental sí que es un tema de seguridad nacional.

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