Erogó el instituto $500 millones en convenios ilegales, exponen trabajadores
Denuncian uso faccioso de recursos públicos en el INEGI
La Coalición Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (CNT-INEGI) denunció que dicha institución ha destinado "más de 500 millones de pesos al pago de convenios ilegales suscritos con trabajadores que fueron cesados entre los años 1999 y 2001, sin que éstos presentaran un laudo o sentencia definitiva en su favor".
Francisco Farina Tamez, coordinador de la coalición, sostuvo que el INEGI sólo ofrece montos económicos los ex trabajadores sin realizar una verdadera conciliación, lo cual -sostuvo- "permite el uso faccioso de los recursos públicos" y la "violación de la ley laboral".
En entrevista, Farina Tamez, quien lucha por la reinstalación de los trabajadores eventuales que fueron despedidos del instituto a fines del sexenio de Ernesto Zedillo y a principios del de Vicente Fox, tras encabezar un movimiento para que les fuera reconocida su calidad de "trabajadores de base", precisó que, mientras el instituto ha erogado recursos para los citados pagos, a los trabajadores que "sí han ganado juicios no se les paga, e incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en voz de su titular, Javier Lozano, se ha negado a pagarnos 40 por ciento de los salarios caídos, y sólo accede a 15 por ciento".
De acuerdo con la CNT, el INEGI es uno de los "mejores ejemplos de subcontratación y pérdida de los derechos laborales básicos, como la estabilidad en el empleo y la seguridad social", pues en él tanto los trabajadores eventuales como los "tradicionales" realizan las mismas labores, siendo la única diferencia el hecho de que, los primeros "pueden ser despedidos por decisiones unilaterales por el titular del instituto aun cuando los programas que se realizan son permanentes".
Precisó que entre 1992 y 2007 en promedio el INEGI contó con "27 mil trabajadores eventuales y sólo 5 mil 200 de base o confianza". Apuntó que en 1998 "cientos de trabajadores eventuales iniciaron procedimientos legales buscando reconocimiento de su calidad de trabajadores de base, la incorporación al ISSSTE y la formación de un sindicato auténtico. Para 2000 el grupo de inconformes rebasaba los 4 mil trabajadores, y en 2000 se reprimió al movimiento con un despido masivo que incluyo a todos los trabajadores del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede)".
Apuntó que en la actualidad hay 2 mil 300 trabajadores en juicio vigente y en espera de una resolución. Agregó que datos del IFAI revelan la existencia de convenios entre el INEGI y ex trabajadores, "a los cuales se asegura se les otorgaron liquidaciones: sin embargo no recibieron nada".