Demanda adecuar normas internas con los acuerdos internacionales que se han signado
Pide la Corte reformar Ley de Amparo para dar validez colectiva a ese derecho
Acapulco, Gro., 3 de julio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demandó a senadores y diputados modificar la Ley de Amparo, para hacer realidad y exigibles las garantías y derechos sociales plasmados en la Constitución, porque "hoy no se cuenta con mecanismos adecuados para hacerlos efectivos".
En el segundo día de trabajos de la consulta pública para la reforma del Estado, con el tema Garantías sociales, el secretario ejecutivo jurídico de la SCJN, Alfonso Oñate Laborde, recordó a los legisladores que "desde 2001 se encuentra en el Senado de la República la propuesta de la Corte para reformar la Ley de Amparo, con el propósito de flexibilizar su acceso y ampliar, mediante el reconocimiento de intereses legítimos y no sólo jurídicos", su validez colectiva.
El funcionario presentó la propuesta de la Corte para hacer efectivos los derechos y garantías sociales contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales que México ha firmado. El gobierno, explicó, se ha caracterizado por suscribir de manera entusiasta acuerdos y tratados internacionales que, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, una vez que son ratificados por el Senado pasan a formar parte de la legislación interna.
Pero aunque se incorporan nuevos derechos y garantías al catálogo, añadió, "no se cumplen, porque no van acompañados del diseño de políticas públicas que procuren que estos derechos lleguen a los ciudadanos, y además es grave que no se cuente con medidas para hacerlos efectivos", apuntó.
El medio privilegiado para hacer valer esas garantías es el amparo, subrayó Oñate Laborde en su ponencia magistral, pero, abundó, no se pueden hacer efectivos mediante ese recurso los derechos internacionales, ya que se exige a quienes acuden a los tribunales que demuestren que una ley o tratado que impugnen los afecta de manera directa e individual, es decir, el interés jurídico es lo que impide que se haga realidad.
Para ejemplificar la "urgente necesidad de reformar la Ley de Amparo", se refirió a los recursos presentados contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:
"Hay más de 170 mil amparos que demandan la inconstitucionalidad de las reformas. Significan más o menos 10 por ciento de los derechohabientes. Es un severo problema atender estos casos, ya que si tuviéramos el amparo colectivo tendríamos una situación más cómoda".
En entrevista al término de su participación, dijo que ya se otorgaron 60 mil suspensiones, pero que hay que esperar si se les otorga la suspensión definitiva a los peticionarios.
Lucha contra la discriminación
Por su lado, Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, destacó que es fundamental mantener esta lucha como parte del proceso de desarrollo nacional, y llamó a que el combate a la estigmatización y segregación, en cualquiera de sus formas, ocupe un papel central en la vida del país.
Expuso que hay una visión muy extendida en la opinión pública y en grandes segmentos de las elites políticas de los países latinoamericanos de que los derechos y protecciones relativas a la no discriminación son propios de sociedades desarrolladas, como las europeas y la estadunidense, pero que poco pueden significar para naciones que tienen grandes necesidades de desarrollo y asignaturas pendientes en el terreno socioeconómico.
Sostuvo que esa visión considera que, dada la escasez endémica de recursos fiscales en la región, otorgar presupuestos suficientes a la lucha institucional de un Estado democrático contra la discriminación es una suerte de "excentricidad" que no debería permitirse en un país pobre.
Con frecuencia, añadió, esa percepción lleva a subestimar el peso de la discriminación en el elenco de los grandes problemas nacionales y, "cosa aún más grave, dejar intacto o apenas tocado uno de los resortes más poderosos de la exclusión social, de la desigualdad y de la ausencia sistemática de derechos, oportunidades y bienestar para amplios sectores de la población", sostuvo. La discriminación, subrayó Rincón Gallardo, trae como consecuencia la exclusión social en el país: 10 millones de indígenas, 10 millones de personas con discapacidad, la población en edad avanzada, es decir, una cuarta parte de la población mexicana queda segregada.