Significaría medio salario mínimo para cada ciudadano
Propondrá el PRD ley de apoyo económico individual
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la ley del derecho al ingreso ciudadano universal, que permitiría asignar un apoyo económico a todos los ciudadanos del país, equivalente a medio salario mínimo.
El perredismo sostiene que tal ley permitiría resolver dos problemas hasta ahora irresolubles: el alto costo burocrático que actualmente consume casi la totalidad del presupuesto asignado al gasto social, y entregar un subsidio a las clases populares.
Gerardo Villanueva, presidente de la Comisión del Distrito Federal en San Lázaro, manifiesta que la aportación económica se consideraría un derecho exigible ''consistente en una transferencia monetaria individual, no condicionada, vitalicia y no gravable''. Tal subsidio sería generalizado y se accedería a él mediante un padrón que constituiría la base para determinar la entrega de los recursos.
La iniciativa elaborada por Villanueva establece que el ingreso referido sería asignado sin restricciones ni calificaciones, y se percibiría independientemente del sexo al que se pertenezca, el nivel de ingresos que se posea, la confesión religiosa que se profese y de la orientación sexual que se tenga.
''Su función inmediata sería contrarrestar dos efectos nefastos del capitalismo contemporáneo: la extensión de la miseria y la masificación de la desocupación. La falta de empleo o el bajo salario ya no impedirían la subsistencia normal de cualquier individuo.''
De tal forma, el proyecto de decreto considera que el ingreso ciudadano universal es un derecho exigible consistente en una transferencia monetaria individual y su pago será efectivo mensualmente durante los doce meses del año. También, el monto se determinará cada cinco años y será revisado anualmente y ajustado al índice inflacionario.
Para recibir el citado ingreso, los ciudadanos deberán acreditar ser habitantes de la República Mexicana, y para las personas con otra nacionalidad, demostrar una residencia efectiva de al menos cinco años contados a partir de la entrada en vigor de la ley. Para las personas menores de 15 años, la transferencia será entregada a la madre; cuando ésta se encuentre ausente podrá entregarse al padre, y en ausencia de ambos, la recibirá la persona acreditada como tutor. El ente responsable sería la Sedeso.